El Plan parcial SAU12 Casas de Majanicho y los daños ocasionados a los espacios de la Red Natura 2000 está detrás de la ampliación de las cuatro zonas ZEPA de Fuerteventura que publicaba el el Gobierno de Canarias pasado 1 de octubre, como explicó José Domingo Fernández, director general de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, en declaraciones a Cope Fuerteventura.
La ampliación de las ZEPA majoreras de la que ya se hizo eco Crónicas de Fuerteventura, se enmarca en las medidas compensatorias propuestas a la Unión Europea ante la carta de emplazamiento remitida desde la Comisión Europea por la mencionada urbanización, que ocupó una parte de la Zona ZEPA Costa del Norte de Fuerteventura, "pero sobre todo por haberse ejecutado el plan parcial sin contar en su momento con el trámite preceptivo de evaluación ambiental. Eso es lo más grave, el atentado ambiental más grande que se puede hacer", además de infringir otras directivas sobre conservación medioambiental.
El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva han coordinado acciones durante los últimos años para elaborar el proyecto de evaluación ambiental que presentar en Europa, después de iniciar la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, en diciembre de 2017, un expediente sancionador a tenor de los daños ocasionados por el SAU12. La carta de emplazamiento fue enviada directamente desde la Unión Europea al Reino de España, explicó José Domingo Fernández, y de ahí es el Ministerio de Transición Ecológica el que remite al Gobierno de Canarias la necesidad de actuar.
Aunque el director general explica también que el decreto publicado este mes responde a la necesidad de definir todas las zonas ZEPA de Canarias, algo que no se había hecho "desde el año 2007, cuando la Comisión Europea había apercibido al Gobierno de Canarias. Se trata de darle cobertura jurídica a las zonas ZEPA de Canarias, porque hasta ahora éramos la única comunidad autónoma en que no estaban reglamentadas. En ningún lado figuraba que estaban esas ZEPA y con qué superficie, y de ahí que hubiera que publicar toda la cartografías, y actualizarlas con respecto a la realidad actual". De no realizar este procedimiento, no sólo podríamos enfrentar sanciones, sino "afrontar una pérdida de financiación incluso a nivel nacional".
No obstante, Fernández restó importancia al volumen de superficie ampliada. "Son 25 kilómetros cuadrados, en términos absolutos, es decir, un cuadrado de 5 kilómetros de lado. No es tanto", cuando el incremento total de las cuatro ZEPAS de Fuerteventura se eleva hasta los 711 kilómetros cuadrados. "Las ampliaciones constituyen un 1,5% del territorio de Fuerteventura", dijo, ocupando estas zonas actualmente el 42% de la superficie total de la isla".
Medidas ambientales para compensar los daños de Majanicho
La ampliación de las zonas ZEPA, conectando algunas de ellas y ampliando su superficie, es sólo una de las medidas propuestas desde las administraciones canarias para compensar por los daños en Majanicho. El Gobierno de Canarias encargó este estudio, entre las que se incluyen la elaboración de un plan de protección de la hubara, la creación de una nueva zona ZEC (Zona de Especial Conservación) en la Cueva del Llano, además de una serie de medidas de reordenación y rehabilitación en el entorno de la urbanización.
Según le Ley del Suelo, explica, en el caso de una sentencia firme, como ocurrió con este plan parcial "que fue anulado en los tribunales", "es posible realizar una evaluación ambiental ex post", y "esta sería la primera vez que se hace en Canarias". Se trata, dijo, "de actuar sobre el medio para resarcir el atentado medioambiental. Porque tú no puedes ir para atrás cuando el daño ya está hecho". En este sentido, explicó que el órgano sustantivo, el Ayuntamiento de La Oliva, ya realizó la exposición pública del estudio, y se están revisando las alegaciones.
Llamó la atención Fernández sobre el plan de recuperación de la hubara, en cuya elaboración ha participado la Estación Biológica de Doñana, que se desarrollará en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, como lo hiciera también en el plan de recuperación del guirre. "Se trata de la primera vez que se realiza en Canarias un plan de recuperación de aves esteparias, siendo la avutarda hubara una especie protegida y en peligro de extinción".
Igualmente, en la Cueva del Llano, la modificación se centra en pasar de un LIC (Lugar de Interés Científico), a zona ZEC (Zona de Especial Conservación), y así reforzar la protección de este tubo volcánico donde habita el opilión cavernícola majorero (Maiorerus randoi), catalogado como en peligro de extinción. Tanto el Plan de Recuperación de la Hubara como la LIC-ZEC de la Cueva del Llano están a punto de publicarse por decreto, anunció, una vez completada la parte técnica, y la parte administrativa conllevará aproximadamente unos siete meses, adelantó.
Fernández también llamó la atención de que el Cabildo de Fuerteventura presentara alegaciones al decreto de ampliación de las zonas ZEPA en Fuerteventura, cuando desde la legislatura pasada la anterior corporación apoyó las medidas compensatorias propuestas, que fueron incluso presentadas en Bruseles por representantes de las tres administraciones implicadas. "Hay una cosa -declaró- que se llama compromiso institucional. Cuando tú que compromete a ser una cosa, y está firmado, lo tienes que acatar".
El Cabildo de Fuerteventura presentó alegaciones al decreto de las zonas ZEPA del Gobierno de Canarias, entre otras cuestiones, cuestionando la urgencia de la medida e instando al ejecutivo a esperar por la redacción de los documentos de ordenación de estos espacios que se encuentra redactando la institución, por encargo a GESPLAN.
Un plan parcial que se remonta al año 2000
El Plan Parcial SAU12 Casas de Majanicho, que actualmente acoge la urbanización turística Origo Mare, fue aprobado en el año 2001 siendo alcalde Domingo González Arroyo, sin contar con los preceptivos trámites de evaluación ambiental, como señaló el director general, y que en aquel entonces correspondían a la COTMAC, el órgano designado por la entonces llamada Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, hoy de Panificación Territorial.
A pesar de ser denunciado el proyecto en los tribunales, y de contar con sentencia desfavorable, la urbanización se consolidó al obtener licencia municipal en otro proceso judicial iniciado por los promotores, ya con Claudina Morales como alcaldesa. En la primera década de los años 2000, la urbanización fue modificada para reducir su superficie, eliminando los campos de golf proyectados, y reduciendo las miles de camas turísticas previstas a unas 700 viviendas. Aunque también, en un proceso posterior, los promotores obtuvieron del Cabildo la calificación turística necesaria para explotar el complejo en régimen vacacional hasta la actualidad.
Además de las posibles sanciones desde Europa, que las actuales administraciones están tratando de evitar, esta urbanización ha tenido consecuencias jurídicas para las corporaciones municipales que actuaron con posterioridad a la aprobación del plan parcial, siendo este un acontecimienton que han seguido los medios de comunicación a lo largo de todo el proceso.
