El juicio contra el viceconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, y secretario general del PSOE en Fuerteventura, Blas Acosta, ha quedado visto para sentencia, tras dos jornadas de declaraciones en el Juzgado número 2 de lo Penal de Puerto del Rosario, en qué comparecieron ante la magistrada Alicia María Buendía el propio Acosta como acusado, y los peritos citados en el proceso.
En la jornada final de este martes, 26 de octubre, el fiscal Tomás Fernández reducía la petición de pena para Acosta, establecida inicialmente en cuatro años y tres meses de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante el mismo periodo. Tras retirar la acusación por un delito de insolvencia punible, la pena solicitada ha quedado en un año y nueve meses, por un delito de administración desleal.
Los hechos juzgados se remontan una década atrás, cuando entre los años 2011 y 2014, Acosta era concejal del Ayuntamiento de Pájara, y administrador único de Gesturpa, sociedad mercantil pública participada en su totalidad por el Ayuntamiento de Pájara, según ha informado Efe Fuerteventura, que cubrió en el interior de la sala las dos jornadas de juicio. Gesturpa ejecutó en ese periodo vivienda de protección oficial y obra pública en el municipio, dando lugar a un descuadre en las cuentas que llevó a la Fiscalía a formular su denuncia en el año 2015.
La acusación de Fiscalía sostuvo que en el año 2012, la empresa administrada por el acusado solicitó un préstamo con el Ayuntamiento de Pájara por valor de 1,7 millones de euros "con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo, dada su evidente falta de viabilidad económica". Esta exposición choca diametralmente con lo manifestado por Acosta en el juicio, que respondió únicamente a las preguntas de su defensa, afirmando que "jamás se firmó ningún préstamo ni entró un céntimo en condición de préstamo en la cuenta de Gesturpa", recogió EFE.
A la salida del Juzgado, según el testimonio recabado por los medios de comunicación presentes, Blas Acostaba declaró que la retirada de la acusación por administración desleal se debe, "por lo que he podido entender, a que se me ha aplicado un artículo Legislativo que se aprobó en 2015, cuando ya no yo no era administrador de la sociedad". En cualquier caso, añadió, "se agradece la rectificación de la Fiscalía".
También manifestó que Gesturpa "no solamente promovía vivienda pública, sino obra pública también", asegurando que siempre actuó conforme "a lo que se me ha dicho por parte de los funcionarios y técnicos", y que "aun teniendo yo capacidad, en cuanto a formación, para gestionar las cuentas, estás siempre fueron gestionadas por empresas contratadas al efecto".
También manifestó ante los medios que los peritos declarantes en el proceso, "tanto el perito judicial, como el auditor jurado de cuentas, como el abogado liquidador de la sociedad, como la pericial de parte, han manifestado que no se han producido ningún quebranto patrimonial en Gesturpa. Se ha documentado y demostrado", aseguró.
"Siempre se ha actuado en la administración de Gesturpa conforme a la normativa vigente. Jamás se ha producido un quebranto a esta empresa. Así lo hemos dicho, y así lo hemos manifestado durante esta larga instrucción, desde allá por el 2010, cuando me denuncia una ex socialista", dijo en referencia a Margarita Martín, exconcejala de Tuineje, "y desde 2015 cuando, se activa el caso por parte de la Fiscalía.
Una vez visto el juicio para sentencia, Acosta declaró que recibirá con "respeto máximo la decisión que se tome".
