Aceras en mal estado, socavones y alcantarillas “donde puedes reventar la rueda”, casas ocupadas, palmeras y jardines abandonados conforman la imagen del deterioro de una urbanización que estaba destinada a ser una de las más exclusivas de la isla. Es el reclamo que se utilizaba para atraer a los propietarios de las viviendas que ahora buscan una solución y, sobre todo, aclarar la situación legal de esta urbanización que no está recepcionada por el Ayuntamiento, según explican en Cope Fuerteventura Antonia Gómez y Francisco Hernández.
Los vecinos mantenían esta semana un encuentro con el alcalde de Antigua, Matías Peña, para trasladar el malestar que les genera la falta de información derivada de la situación en la que se encuentra la promotora del complejo, Ramiterra SL, que ha designado a un administrador concursal afincado en Valencia. Hasta el momento, no ha mantenido ningún contacto con los residentes del complejo ni tampoco ha notificado este hecho a la corporación local.
Los residentes reclaman que la promotora cumpla con el acuerdo inicial rubricado con el Ayuntamiento para que éste recepcione el complejo y se haga cargo del mantenimiento de la urbanización y también de la planta depuradora y de la desaladora de agua Salinas de Antigua.
En este punto, hacen especial hincapié en el elevado coste del agua que en ocasiones, lamentan, llega a sobrepasar los cien euros al mes a pesar de los “reiterados cortes” en el suministro y su cuestionable calidad, recalcan. Por todo ello, han registrado una instancia en el Consistorio para que el Ayuntamiento compruebe si la infraestructura cumple con los requisitos mínimos sanitarios exigidos y si la empresa tiene licencia para vender el agua. De no ser así, piden al gobierno que dirige Matías Peña que intervenga la desaladora.
´Huele a pelotazo´
Antonia Gómez y Francisco Hernández denuncian no solo el abandono por parte de la entidad promotora sino que también ponen el foco en la solicitud de Ramiterra de permutar un espacio donde se proyectaba edificar un hotel por viviendas residenciales que podrían destinarse a alquiler vacacional. “Todo ese cambio de licencias, si estás en concurso de acreedores…huele a pelotazo”, sospecha Hernández que exige a la empresa que cumpla con sus obligaciones y con los vecinos antes de hacer negocio.
De momento, son los vecinos de la zona de La Maresía, la más antigua de la urbanización quienes han iniciado las movilizaciones pero poco a poco se están sumando los propietarios del resto de las cerca de 400 viviendas edificadas alli.
