El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció el pasado 8 de marzo el nombramiento del actual secretario general del Partido Socialista (PSOE) en Fuerteventura y hasta hace poco presidente del Cabildo majorero, Blas Acosta, como nuevo viceconsejero de Economía, más de un mes después de que la jueza del caso Gesturpa firmara, el pasado 2 de febrero, el auto de apertura de juicio oral.
Tal y como explica este martes en su edición impresa el diario Canarias 7, el secretario general del PSOE en Canarias y máximo responsable del Gobierno autónomo ha incumplido así a todas luces el propio código ético de su organización política, que obliga “a dimitir y a darse de baja a los cargos públicos a los que se le abra juicio oral por un procedimiento penal”.
La fecha de la firma del auto de apertura de dicho juicio oral se ha conocido en las últimas horas tras hacerlo público el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Puerto del Rosario, la capital de Fuerteventura, un dato que certifica que el PSOE ya incumplía por tanto su código ético en el momento en el que Torres hizo dicho anuncio. De hecho, mientras los abogados de Acosta presentaban incluso su escrito de defensa, el presidente del Gobierno de Canarias y secretario general del PSOE en las Islas defendía a capa y espada el nombramiento de Blas Acosta como nuevo viceconsejero de Economía, una decisión que Sí Podemos Canarias, somo socio de gobierno del ‘Pacto de las Flores’, ya anunció que no respaldaría en el seno del Consejo de Gobierno de Canarias, una designación que al menos de forma oficial no se ha dado a conocer. De hecho, dicho nombramiento requiere de la renuncia de Acosta como consejero del Cabildo de Fuerteventura, un paso que el ex presidente majorero podría dar este mismo viernes en el pleno que la Corporación insular prevé celebrar.
Suspensión de militancia y expulsión del partido
En concreto, el código ético del PSOE, que data del año 2014, precisa en su artículo 5.2 que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria”. “En caso contrario”, prosigue el código ético de los socialistas, “será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.
Acosta está acusado de varios delitos societarios en el marco de una operación en la que se investiga la gestión de la empresa pública Gesturpa.
