El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, reaccionó a la manifestación multitudinaria de este lunes convocada por las plataformas para salvar a los hoteles Tres Islas y Oliva Beach, recibiendo a los trabajadores el martes por primera vez, trasladando tras este encuentro que "las competencias en Costas pasarán a Canarias el 1 de julio", y que "cerraremos ya el documento en las próximas semanas o meses".
Porque las competencias en Costas "están en manos de Canarias después de la aprobación del Estatuto de Autonomía", explicó Torres, y esta parece ser la única solución a los expedientes de caducidad de concesión y sanción que penden sobre los hoteles Tres Islas y Oliva Beach respectivamente, y que impulsa el Ministerio de Transición Ecológica.
Desde el colectivo de trabajadores no se fían del todo, "no estamos contentos ni medio contentos", trasladó Adrián Fernández en Cope Fuerteventura desde la Plataforma Salvar el Oliva Beach, "lo que esperamos es que se cumpla lo que les pedimos", y "dentro de la Ley, por supuesto, porque así nos lo han hecho saber, que hay mecanismo para resolverlo sin que se quiten lo hoteles ni se cancelen sus concesiones".
Entiende Adrián Fernández, en ese sentido, que sí "se ha cumplido lo que pedimos", pues como explicó Ángel Víctor Torres, el Gobierno de Canarias se ha personado en el expediente de caducidad de la concesión del Tres Islas desde "el mes de octubre, porque entendemos que tenemos responsabilidades". Aunque en relación al Oliva Beach, "haremos lo propio", pues indicó, "es un expediente que va con mayor lentitud".
El portavoz de la plataforma es claro en cuanto al origen del problema, cuando dice en relación al Tres Islas que "hay una propuesta de la Demarcación de Costas de Canarias, con la complicidad del Ministerio de Transición Ecológica en Madrid, para reactivar una multa de hace 13 años, y con ese motivo, cancelar la concesión del hotel". Los trabajadores entienden que eso "no puede ser motivo de cancelar la concesión. Si hay una infracción, que se subsane proporcionalmente. No se pueden saltar la Ley, como dijo la propia ministra. Pero eso empieza por ella misma. Si hay una multa, cancelar la concesión no es proporcional".
En su opinión, también la infracción del Oliva Beach sería "la excusa para cancelar la concesión de los hoteles. Lo que pretenden desde el Ministerio es derribar los dos hoteles. Y nosotros lo que le pedimos al Gobierno de Canarias, dentro de los mecanismos que la Ley propone, es que luchen para que esto no ocurra".
Los representantes de los trabajadores han alzado la voz estas últimas semanas señalando directamente al PSOE, y al el presidente canario como "máximo responsable del Partido Socialista en Canarias. Es su secretario general", añade Fernández, y apunta a que su deber es ponerse del lado de los trabajadores.
La concesión del Tres Islas no sería efectiva todavía, sino que por ahora existe una propuesta de resolución de la Demarcación de Costas de Canarias, que se convertiría en efectiva con la firma de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Por ello piden los trabajadores al Gobierno de Canarias, tras asumir las competencias de Costas, pueda "facilitar la reforma de los hoteles y evitar que desde Madrid firmen la cancelación de la concesión".
"El Ministerio se equivoca de enemigo. RIU ni se va inmutar si le quitan dos hoteles"
A la pregunta de si está haciendo la plantilla de los hoteles una defensa de los intereses de la entidad propietaria, en este caso RIU Hotels & Resorts, Adrián Fernández explica que "somos entidades diferentes. Nosotros estamos reivindicando mantener nuestros puestos de trabajo, y la empresa me imagino que jurídicamente está trabajando para que no le quiten sus inmuebles".
"Lo que tenemos claro es que si los cierran, nosotros no vamos a tener trabajo. Yo no sé si los empresarios se tienen que botar a la calle, imagino que en su día lo harán. Lo que sí creo es que la empresa es quien menos tiene que perder aquí, porque tiene más de cien hoteles, y si les quitan dos, ni se va a inmutar", subrayó. "El Ministerio está equivocado de enemigo, porque aquí el perjudicado no es una empresa grande que si mira su presupuesto de arriba abajo, no se entera con todos los hoteles que tiene".
"Aquí a quien van a masacrar es a los trabajadores ya las trabajadoras, y a la economía de un pueblo que subsiste gracias a los hoteles. Sería una catástrofe socioeconómica, y así lo han dicho informes encargados no por nosotros, sino por empresas externas. Esta es la mayor injusticia que ha existido en Fuerteventura, laboralmente, porque ha ocurrido nunca".
En opinión del portavoz de los trabajadores del Oliva Beach, "es una paradoja gravísima, que en este caso sea la administración, cuatro burócratas desde Madrid, quien está provocando el problema, cuando son ellos quienes tienen que velar porque esto no pase".
Quienes están detrás, "grupos políticos o empresariales, no lo sé, creen que van a salvar el mundo, pero no saben de lo que hablan", asevera. Y esto se explica, razona, porque de cancelarse las concesiones de los hoteles, la empresa recurriría la decisión en tribunales, dejando a los hoteles cerrados y en ruinas durante años hasta que el contencioso se resolviera.
Entrevista a Adrián Fernández en Cope Fuerteventura: https://fb.watch/bmZXXzzsOD/
