El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario propuso en el pleno celebrado este lunes en sesión ordinaria presidida por el alcalde Juan Jiménez, una moción de urgencia, que se transformó en declaración institucional debido a la necesidad de instar a la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias a incrementar la plantilla de técnicos forenses.
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, ante los hechos acaecidos y la muerte de un joven el pasado martes en Playa de Blanca, se une a las justas reivindicaciones de los familiares y de la sociedad majorera en general, para aunar fuerzas ante la necesidad, y el derecho de contar con técnicos forenses suficientes acordes a los requerimientos poblacionales del municipio de Puerto del Rosario, siendo el municipio que concentra la mayor cantidad de juzgados mixtos y especializados por ser la capital de la isla, ya sea, en situación de guardia permanente o como personal fijo para que no se alargue el sufrimiento de las personas cercanas a los fallecidos y que puedan llevar sus funciones a cabo con la mayor eficiencia posible. “En todo caso, esta es una necesidad para toda la isla que reclamamos desde Puerto del Rosario”, manifiesta el regidor de la capital.
El alcalde capitalino, Juan Jiménez, sostiene que, “entendemos urgente solicitar a la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias un servicio adecuado de laboratorio forense y aquellos otros que sean precisos para una adecuada asistencia a la Administración de Justicia en el municipio de Puerto del Rosario, y en la isla de Fuerteventura. Esta situación ha hecho visible una realidad insostenible que se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo, a la que hay que poner solución”.
Continuaba explicando el regidor municipal que “cubrir la vacante e incrementar las plantillas de estos cuerpos en la isla es indispensable para dejar atrás un servicio deficiente que ralentiza la labor de la Justicia y aumenta la desesperación de las familias. El compromiso total del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para revertir la ausencia de personal especializado que impide y dificulta el auxilio a los juzgados, fiscalías y oficinas de Registro Civil en la práctica de pruebas periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio, no pueden seguir permitiéndose”, apunta.
