El Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprobó en la sesión plenaria ordinaria celebrada el pasado viernes, 25 de febrero, una moción en apoyo a la reforma laboral.
Desde el grupo de gobierno municipal señalan que “entendemos necesario trasladar nuestro apoyo a la reforma laboral que fue aprobada el pasado 3 de febrero en el Congreso de los Diputados y, la cual, va a suponer un salto cualitativo en la creación de empleo estable y de calidad, convirtiéndose en un elemento fundamental en el desarrollo y avance de la economía de cualquier país, también en España, donde actualmente trabajan más de veinte millones de personas, una cifra histórica”.
En tan solo un año y medio, España ha logrado recuperar los niveles a la Seguridad Social previos a la pandemia. “Nunca habíamos contado con tantas mujeres afiliadas ni se habían encadenado diez meses consecutivos de reducción del paro, en especial el paro juvenil con una caída cerca del 40% en el último año”, explican.
El alcalde capitalino, Juan Jiménez, ha puesto de manifiesto que “la reforma laboral seguirá contribuyendo de forma positiva para Puerto del Rosario, que ya es el municipio con más de 40.000 habitantes con la menor tasa de paro de la provincia de Las Palmas, registrando el mejor dato de empleo de los últimos 14 años”.
En ese sentido, la reforma laboral ha sido consensuada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos y “ha supuesto un compromiso ambicioso. Es la mejor herramienta para seguir consolidando un marco de creación de empleo que ataje los dos principales males de nuestro mercado de trabajo: la precariedad y el alto desempleo”.
La nueva reforma laboral también apuesta por potenciar la contratación indefinida frente a la temporalidad y reducirá el número de tipo de contratos, generalizando el contrato indefinido que limita la contratación temporal a un máximo de tres meses por año y fomenta el contrato fijo discontinuo.
Además, el nuevo marco laboral recupera la negociación colectiva, situándola en el corazón del nuevo modelo de relaciones laborales, aumentando los derechos de los empleados y empleadas, fomenta la formación de los trabajadores e incrementa las sanciones contra la contratación irregular.
Por último, Juan Jiménez pone de relieve que “se trata de crear un marco laboral del siglo XXI, que permita reducir la temporalidad en el trabajo, reforzar la creación de empleo de calidad y ofrecer seguridad jurídica a las empresas y, al mismo tiempo, cumplir con un compromiso adquirido con los ciudadanos/as y la Comisión Europea para lograr su aval y empezar a recibir los primeros fondos europeos, como ya ha sucedido”, apunta.