El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Juan Manuel Verdugo, mantuvo este martes una reunión en el Parlamento de Canarias con el consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, y el parlamentario Iñaki Álvaro Lavandera, con el objeto de buscar una solución a la situación actual del proyecto de la Ciudad de la Justicia en la capital de la isla que unifique las distintas unidades judiciales actualmente dispersas en el Partido Judicial.
En el transcurso de la reunión, las partes asumen que, tras la sentencia dictada en primera instancia que anulaba el aprovechamiento urbanístico atribuido a Disa en el plan parcial donde se ubicaría el edificio judicial, en base a la consideración de suelo urbano consolidado otorgado al antiguo solar propiedad de la empresa en la zona de Los Pozos, dicha cuestión litigiosa se encuentra actualmente en fase de recurso de apelación, y si bien la consecuencia material de una eventual sentencia confirmatoria sería la de compensar a la entidad con un mayor aprovechamiento urbanístico o una indemnización, ambas administraciones se han emplazado a buscar una solución bajo un marco de seguridad jurídica en el que la propia entidad Disa pueda ser parte de la solución a través de los distintos instrumentos jurídicos que la ley pone a disposición de las partes.
El alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, agradece la “colaboración del Gobierno de Canarias en la búsqueda de una solución conjunta sobre este proyecto que se ha diseñado y que vendría a albergar un emblemático edificio judicial y funcional que tiene que tener una isla como Fuerteventura en Puerto del Rosario como municipio central y que cuenta con la mayor parte administrativa de la isla”.
Igualmente, por parte del consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, se asumió el compromiso de llevar a cabo de forma, inminente y en cooperación con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, las actuaciones conducentes a elevar la categoría de Jueces a Magistrados del partido judicial, lo que implicaría, en términos de estabilidad profesional y de división de jurisdicciones civil y penal, garantizar la especialización de los titulares de las distintas unidades judiciales y una mejora, sin duda, en la prestación de un servicio público esencial como es el de la justicia.
