La sequía que azota Fuerteventura desde hace años se hecho notar más que nunca en una temporada de caza que ha comenzado con polémica, ante la falta de acuerdo entre las sociedades de cazadores, los colectivos ecologistas y el Cabildo Insular, a la hora de configurar la orden de veda que ya está vigente.
La situación de las especies cinegéticas en el campo majorero es crítica, como refleja el Inventario Cinegético para la elaboración del Plan Anual de Caza 2022, cuyos datos se debatieron en el Consejo Insular de Caza que dio lugar a la orden de veda publicada para Fuerteventura.
Este estudio elaborado por encargo del Cabildo Insular por un biólogo especialista, analizando los datos recabados por cazadores voluntarios, guardas de caza y agentes de Medio Ambiente en los meses de mayo y junio, concluye que este año continúa descendiendo la población de la perdiz, detectándose una densidad de 0,8 ejemplares por cada 100 hectáreas. La densidad del conejo sigue también a la baja, con 1,23/100 Ha., por debajo de un depredador como los gatos asilvestrados, que se sitúan en 1,32/100 Ha.
La temporada de caza que ya ha comenzado, y que se extenderá hasta el 9 de octubre, repite la fórmula del año pasado, de establecer prácticamente dos meses de caza sin muerte. En cuanto a las jornadas de caza permitida, "abrimos seis días de perro y hurón, tres días de perro solo, y cuatro días para la perdiz", una propuesta que ha sido "lo más conservadora posible, restrictiva si se puede llamar así, en vista de que la situación del campo no es buena", explicó en declaraciones a Cope Fuerteventura el consejero insular de Deportes y Caza, Claudio Gutiérrez, pues dijo, "hace casi diez años que no llueve".
La falta de acuerdo, señaló el consejero, se produce ante la dificultad de consensuar con un colectivo de cazadores "que tiene muchísimas opiniones", y dentro del que "se genera a veces mucha controversia y polémica", reconociendo que "hay muchísima gente que incluso desearía que fuera menos tiempo".
Este es el caso de los colectivos ecologistas representados en los consejos Insular y Regional de Caza, que a través de su representante, Domingo Martínez Berriel, considera que "en el año 2015, había 19 perdices por 100 hectáreas", y que "para tu poder cazar, según todos los datos técnicos, debe de haber como mínimo entre 22 y 25 perdices". En su opinión, "con 0,8 perdices por 100 hectáreas, es un disparate cazar con esos datos". Según explicó, en el Consejo Insular de Caza en que se debatieron las condiciones de la temporada, y tras preguntar al autor del informe si con estas cifras consideraba que debería abrirse la veda, "el técnico respondió que no, y pedimos que constara en acta". Es por ello que la propuesta pública de los ecologistas está en esta línea, cerrar la temporada un año completo para permitir la recuperación de las especies.
"Como ocurre con el marisco, que estuvo al borde de la extinción, hubo que plantearse la prohibición para no esquilmar el recurso. Con la cacería ocurre lo mismo, porque si no llegará un punto, probablemente este año, que cuando se cierre la veda, ya no habrá perdices para criar. Podrá quedar algunas refugiadas en los pueblos, pero nada más", declaró Martínez Berriel.
El colectivo mayoritario del sector en la isla, la sociedad de Cazadores de Fuerteventura, que cuenta con unas 400 de las 650 licencias de caza a nivel insular, tampoco están de acuerdo con la orden de veda actual. En su caso, su propuesta era la de "abrir más días pero con restricciones de captura", restringiendo la caza a solo una captura por jornada y cazador, explicó a Crónicas el presidente de esta asociación, Carlos Cerdeña.
Cerdeña detalló que los cazadores son conscientes de la situación de las especies, y que por eso "pedíamos cupos, bajarlos al mínimo, con solo una pieza. No somos carniceros, ni necesitamos la carne. Como cualquier persona, podemos ir a comprarla al supermercado". La postura del colectivo va en la línea de poder salir al campo el mayor tiempo posible, ya que "estamos todo el año con los perros en casa, porque tenemos prohibido sacarlos. La cacería es ver al perro cazando. Nosotros lo que queremos es salir al campo, y disfrutar de nuestros perros. Coges un conejo, y te vas a casa".
Para el presidente de la Sociedad de Cazadores, la escasez de especies cinegéticas no es sólo por las lluvias, sino también por "el abandono de la agricultora", así como por "las deficiencias de gestión. Si cuando llega la temporada, no hay gestión, todo merma", además de otros problemas como el furtivismo.
Defiende también Carlos Cerdeña la aportación del colectivo para ayudar a las especies. "Tenemos instalados 100 comederos con dinero de los socios, y en previsión de duplicar esas cifras en cinco años. Ese es el camino". Esto no es solo positivo para perdices y conejos, sino "también para la fauna autóctona que se beneficia de los comederos, donde tenemos cámaras instaladas, y allí vemos que van a comer también los guirres, palomas, avutardas…", aunque igualmente "se ve mucho depredador, halcones, aguilillas, gatos…".
Su principal demanda es de gestión, que en su opinión empieza desde "la vigilancia de las malas artes. Hay quienes se llaman cazadores, pero no lo son. Se pasan el año cazando, y molestando a todas las especies, las cinegéticas y también las autóctonas". Además de por esos "supuestos cazadores", también protesta por quienes "han intentado arrancar los comederos. Sobre todo ganaderos, porque hay cabras sueltas que meten la cabeza en las rejas y se enredan". Aunque detalla que estos ganaderos lo son también de manera irregular, porque "tienen a sus animales sueltos y fuera del mancomún de manera incontrolada. Somos conscientes que los agentes hacen todo lo que pueden, pero con seis personas es imposible abarcar todo el territorio de la isla".
Desde el colectivo ecologista, Domingo Martínez Berriel reivindica para sí la política de instalación de comederos. "Nosotros pusimos los primeros comederos hace más de veinte años", y también "trampeamos las perdices y conejos de las reservas. Yo estaba en la Federación de Caza, y se estaba viendo venir lo que está sucediendo. Estas personas que están ahora, nunca han hecho nada por el campo", dijo en alusión a la Federación Insular de Caza y a los colectivos de cazadores", a quienes achaca, "hace tres años decían que no se podían poner comederos y bebederos".
Otro punto de divergencia entre cazadores y ecologistas está en la presencia en Fuerteventura de cazadores de otras islas que aumentan la presión. Según Martínez Berriel, se debería prohibir su presencia, "ahí está el ejemplo de Lanzarote, en la restricción de entrada de cazadores de fuera", y considera que se permite porque "así se cobran más licencias de caza y cuotas de socios".
No está de acuerdo la Sociedad de Cazadores, pues "los compañeros de Gran Canaria y Lanzarote han venido siempre. Además, Fuerteventura ha exportado cientos de cazadores. Aquí ha venido una media de 90 cazadores cada temporada", y "todos pagan una cuota anual". Cree que "restringir es un agravio, porque nosotros exportamos 200 cazadores de media. No es lógico pelearnos entre compañeros".
Donde sí coinciden ecologistas y cazadores es en las deficiencias de gestión en torno a la actividad de la caza, desde el Gobierno de Canarias y desde el Cabildo Insular, que tiene transferidas las competencias.
En opinión del representante ecologista, "lo que habría que hacer primero es cerrar la cacería un año", y luego "coger las pocas perdices que están metidas en los pueblos, poner trampas y sacarlas fuera. Las del norte llevarlas para el sur, y las del sur al norte. Y trampear las perdices de las reservas también", dejando en ambos casos una parte de los ejemplares, para luego "soltar las perdices capturadas en los sitios de caza. Es lo mismo que hicimos con los conejos", recuerda, años atrás, cuando "se cerró un año la caza, siendo el consejero Juan Nicolás Cabrera".
También critica que "llevamos doce años sin un Plan Técnico de Caza, que es de obligado cumplimiento", lo que dio lugar a lo que considera una irregularidad, que el Cabildo estuviera "cobrando las tarjetas de caza controlada sin tenerlo. Levantamos la voz, y hubo que dejar de hacerlo".
El Plan Técnico de Caza es también una demanda de los cazadores, "y se puede conseguir", defiende Carlos Cerdeña. Pone el ejemplo de La Gomera y Lanzarote, donde tienen muy buenos planes rectores de gestión de la actividad cinegética. Tenerife ni te cuento, con 8.000 cazadores, y hay una gestión que funciona por parte de las administraciones y los colectivos que se encargan de la gestión. Llevamos veinte años demandando eso a las diferentes corporaciones del Cabildo, y como todo sigue igual, lo que estamos pidiendo es la gestión directa. Que sean los cazadores quienes gestiones los recursos, que el dinero que se ingresa en la caja única por licencias o sanciones, se reinvierta en la flora y la fauna de la isla".
Claudio Gutiérrez, responsable del Departamento de Caza, señaló desde el Cabildo que junto a la "esperanza de que llueva, seguiremos con acciones de instalación de comederos, bebederos y plantaciones", y valorando "la posibilidad de hacer una saca de perdiz al final de la de la temporada de caza". En cuanto al documento de gestión que demanda el sector, indicó que "estamos trabajando en la elaboración del Plan Técnico de Caza que nos permita tener más seguridad jurídica para cualquier acción que hagamos".
Como conclusión a la situación que vive Fuerteventura por los factores mencionados por las partes, sequía, escasez de cultivos, o el desacuerdo en cuanto a la gestión de los recursos, el informe del Plan Anual de Caza 2022 recoge una serie de recomendaciones.
Para la recuperación de la población de conejo, que se ha reducido a la mitad desde el año anterior, el estudio propone "mejoras ambientales en los próximos años (principalmente siembras en regadío), control del gato asilvestrado y una extracción moderada, entre otros factores". En cuanto a la perdiz moruna, a pesar de haberse reducido su población a una cuarta parte desde el último estudio, indica que la especie se sostiene "merced a la amplia e intercalada distribución de las zonas de seguridad (46.170,23 Ha.) a lo largo de la superficie insular y a los cultivos y jardines de viviendas, así como de explotaciones agrícolas o ganaderas, cada vez más escasas".
El informe concluye invitando a que "debe reflexionarse sobre el franco abandono del agrosistema de secano en la isla y en la reducción progresiva del régimen pluviométrico, debiendo implementarse un ambicioso plan de mejoras, basado principalmente en el establecimiento de cultivos en regadío, si quiere darse futuro a la actividad".
