Tras anunciar el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, este martes 5 de julio, el cese del concejal condenado por acoso sexual, José Juan Herrera Martel, por acuerdo unánime de los grupos que conforman el gobierno de la capital majorera (PSOE, NC, Podemos y Cs), el alcalde Juan Jiménez se pronunciaba ante los medios de comunicación de Fuerteventura.
El alcalde de Puerto del Rosario no realizó una condena incondicional a unos hechos que la justicia ya ha demostrado que ocurrieron, ni pidió disculpas a la víctima, como solicitaba la oposición. Tras la insistencia de los periodistas solicitando un posicionamiento claro, Jiménez valoró que "este equipo de gobierno y yo como alcalde estamos firmemente comprometidos con los derechos civiles de cualquier persona, y eso incluye los preceptos del feminismo". Desde ese punto de vista, "estamos con Yaiza Sotorrío, con el dictamen de la justicia que le ha dado la razón, y que imagino que habrá sufrido durante un largo proceso de dos años".
Manifestó Juan Jiménez su creencia en que el gobierno municipal ha mantenido en todo momento "una postura de respeto al proceso". Aunque también, acto seguido, se ratificó en la existencia de "un trasfondo político evidente", pues cree que "independiente de la sentencia, puede haber motivaciones políticas".
Aunque puntualizó que "no lo digo por ella", en alusión a la víctima, sí denunció que "ha habido continuos intentos de desestabilizar el ayuntamiento", nombrando específicamente a Manuel Travieso, a quien achacó el haber dicho que "el delito no estaba en el acoso, sino en el cese" de la asesora. "Es evidente, y no se puede cuestionar que ha habido intentos de hacer una moción de censura en la capital", valoró Jiménez, y que el proceso judicial "se ha utilizado para desestabilizar al gobierno".
Sobre la posibilidad de recibir una moción de censura, o de que quedara el gobierno municipal en minoría con una eventual salida de Herrera Martel, Juan Jiménez se mostró despreocupado, pues "lo importante es la gestión de los bienes públicos. Si lo hace el grupo de gobierno bien, y si es la oposición, también. La gestión sale adelante, de una u otra manera". Aunque también dijo creer que mantendrá su puesto "hasta las próximas elecciones".
Cuestionado por la víctima, asesora municipal nombrada por parte del cupo correspondiente al concejal condenado, y a quien la sentencia da la razón en su denuncia de haber sido objeto de acoso sexual por parte José Juan Herrera, Juan Jiménez declaró que "me alegro de que esto haya acabado, y que la víctima haya salido indemne. Hay una sentencia que es justa, los tribunales están para hacer justicia, y eso es lo que se ha hecho". Le trasladó su "enhorabuena", porque se había embarcado "en una aventura, sin saber el cariz", y en la que estuvo "sometida a presiones y juicios sociales. Espero y deseo que esté bien".
El Partido Popular y Coalición Canaria, los grupos mayoritarios en la oposición, un día antes y tras conocerse la sentencia, habían pedido el cese o dimisión de Herrera Martel, y habían señalado a los socios de Gobierno de Jiménez (PSOE), concretamente a Ciudadanos, Podemos y Nueva Canarias.
El PP exigía una disculpa pública a la víctima, "por no haberla creído nunca e, incluso, no haberla apoyado en todo el proceso que se inició hace más de un año, además de haber puesto en tela de juicio su versión". Y CC también señalaba concretamente a Ciudadanos y Podemos.
Sobre Cs, grupo que encabeza Peña Armas, y que no quiso hacer declaraciones junto al alcalde, CC valoraba que "su concejala justificaba mediante declaraciones en medios de comunicación que esta denuncia surgía por presiones mediáticas con el fin de enredar el panorama político". Y sobre Podemos, les afeaban el haber afirmado "que la denunciante realmente había sido despedida sólo por una pérdida de confianza".
Peña Armas manifestaba a Crónicas que hará declaraciones más adelante, durante sus comparecencias en medios de comunicación, y desde Podemos, los concejales Eduardo Tarquis y Lilian Concepción adelantaban que "el partido todavía está estudiando la sentencia", y que más adelante "sacaremos un comunicado".
Sobre el aspecto de la sentencia que establecía inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, Juan Jiménez señaló que "esta se tiene cumplir por espacio de cuatro meses", y en "el momento que estime oportuno" el condenado. Esto "podría ser antes de las elecciones", o "posiblemente puede alcanzarse el mes de mayo 2023 y siga el proceso judicial. No depende de nosotros", valoró el alcalde
La representación jurídica de José Juan Herrera Martel confirmó a Crónicas que presentará recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
