“El Ayuntamiento no solo debe proteger a la víctima de violencia de género poniendo en marcha los mecanismos legales y las actuaciones procedentes para poner fin a la situación vulneratoria; sino que, además, debe prevenir que hechos como los denunciados se produzcan”.
Con esta contudencia se manifiesta la directora del Instituto Canario de la Mujer, Kika Fumero, en una carta remitida al alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, en la que le insta a proteger a una trabajadora del Ayuntamiento que acusa a un concejal de acaso sexual.
En la carta remitida al alcalde, la directora del Instituto Canario de la Mujer manifiesta “la más profunda preocupación generada por los hechos acontecidos en esa Corporación en relación con la presunta comisión de un delito de acoso sexual por parte de un miembro del equipo de gobierno, del que ha sido víctima una mujer que, hasta hace pocos días, en que se produjo su cese, ha estado vinculada con el Ayuntamiento por un contrato de personal eventual y de los que se han hecho eco ampliamente los medios de comunicación isleños”.
Ante esta situación, el ICI ha instado al alcalde de Puerto del Rosario a que, como medida cautelar, “acuerde la suspensión en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno que tiene atribuidas el cargo público denunciado mientras se sustancia el correspondiente procedimiento judicial que, según los medios, ha iniciado la víctima”.
En la misiva, la directora del ICI recuerda que la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género incluye en su ámbito de aplicación y, por lo tanto, conceptúa como violencia de género todas las manifestaciones de violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de serlo que implique o puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, coacción, intimidación o privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
“Es, por tanto, indispensable que el Ayuntamiento adopte medidas dirigidas a proteger a la mujer/trabajadora, víctima de violencia de género, incluso, con carácter cautelar, poniendo en marcha protocolos específicos, si la institución dispone de los mismos, o las medidas procedentes para evitar que se sigan produciendo los actos a los que se hace referencia en los medios de comunicación como institución pública y como parte empleadora”, subraya Fumero.
