El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves a la Consejería de Sanidad a realizar dos ampliaciones de crédito en el presupuesto del Servicio Canario de la Salud, por importes de 400.000 y 200.000 euros, para hacer frente a los gastos urgentes contraídos durante este ejercicio por la Dirección de Área de Salud de Fuerteventura por la crisis sanitaria de la COVID-19.
Ambos partidas se destinarán a financiar los gastos derivados del alojamiento en establecimientos de corta estancia, denominados Arca de Noé, de personas en situación de vulnerabilidad a las que se ha indicado la realización de un periodo de aislamiento o cuarentena.
La ampliación de crédito se realizará en el presupuesto de la Dirección de Área de Salud de Fuerteventura, que ha tenido que hacer frente, de forma sobrevenida y urgente, a los gastos derivados de este servicio.
El Gobierno reconoció las razones de coyuntura económica que justifican esta modificación presupuestaria, conforme establece el artículo 13 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021.
Respecto a este mismo asunto, la Consejería de Sanidad dio cuenta de las contrataciones de emergencia realizadas por la citada Dirección de Área de Salud, según la Orden de 22 de diciembre, por la que se declara la emergencia y la ejecución de las actuaciones necesarias para la puesta a disposición de establecimientos de alojamiento de corta estancia a personas socialmente vulnerables que tengan indicado el aislamiento o la cuarentena por razón de la COVID-19, y a la Instrucción nº 4/21, del Director del Servicio Canario de la Salud.
Las contrataciones realizadas se justifican por la necesidad de dotar a la isla de Fuerteventura de un recurso alojativo y convivencial alternativo que posibilite que las personas vulnerables puedan realizar un aislamiento o cuarentena adecuado y que los ingresos hospitalarios sean estrictamente los necesarios.
Los contratos se tramitaron por procedimiento de emergencia, conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
