Un centenar de personas se reunía ayer tarde frente a la Dirección insular de la Administración del Estado para denunciar la situación que la crisis del coronavirus ha destapado y que evidencia la debilidad del sistema sanitario público. “Años de privatizaciones y recortes se han plasmado en el espectáculo de estas semanas: atención primaria sin medios para contener la epidemia, hospitales colapsados con pacientes por los suelos, profesionales obligadas a decidir a quién intentaban salvar la vida por falta de respiradores, residencias de ancianas en las que las infectadas y las muertes sin atención han sido la tónica general, centros de personas con discapacidad, cárceles y CETIs de los que ni se habla”, recordaban al dar lectura al manifiesto rubricado por las entidades convocantes Salud y Sonrisas, Sanidad Digna y Asamblea Popular.
Acusan como responsables de la situación a quienes aprobaron la Ley 15/97 o la mantuvieron, sindicatos domesticados “que no han defendido el interés general,” empresas y fondos de capital riesgo que se han estado lucrando con estas privatizaciones, jueces y juezas que no han visto ningún problema en las leyes que desmontaban la sanidad, pero también “la gran mayoría de la población que se mantuvo en silencio mientras todo esto ocurría pensando que no le afectaba. Hoy, la realidad es otra. Todas hemos perdido o conocido a alguien que ha muerto por falta de asistencia o deficiencias en la atención”, recalcaron.
En junio de 2019, según cifras oficiales “convenientemente maquilladas”, destacaron, casi 700.000 personas esperaban una intervención quirúrgica, y 2.400.000 la primera consulta con el especialista.
Mientras, los seguros privados “esos que han desaparecido en la pandemia no han parado de crecer y hacer caja a nuestra costa”, recalcaron al dar lectura las voces de Óscar Hernández, Menchi y Javier.
En este contexto, hacen un llamamiento a la ciudadanía a la que interpelan “estamos obligadas a salir a la calle. No un día, ni dos, sino todos aquellos que sean necesarios para obligarlas a blindar la sanidad, revertir lo privatizado, expulsar al ánimo de lucro de la atención sanitaria, establecer un sistema digno de cuidado de nuestras mayores. Para centrar el sistema en la prevención, y en la actuación contra las productoras de enfermeda, es decir, para prevenir lo que no sabemos curar”. Para que nuestro dinero, recalcaron, se dedique a garantizar el interés general.
Peor en Fuerteventura
En Fuerteventura a nivel sanitario y sociosanitario “estamos peor que antes de esta pandemia”, aseveraron mientras denunciaban que las promesas de una mejor sanidad pública en la Isla no se han cumplido después de años de manifestaciones.
Faltan profesionales de la salud, infraestructuras sanitarias, dotación presupuestaria e inversiones que hace años se deberían haber ejecutado “para que dejásemos de ser la isla del archipiélago Canario con menos inversión en sanidad por persona residente”.
Por todo ello, se dirigen al Cabildo Insular de Fuerteventura y al Gobierno Autónomo de Canarias para exigirles que se deje de invertir en infraestructuras públicas “innecesarias” y que se priorice urgentemente la inversión pública en sanidad pública de calidad, “sin que el dinero de todas vaya a parar al negocio de la sanidad privada”, concluyeron.
