El grupo de Coalición Canaria La Oliva ha comunicado en nota de prensa su crítica hacia la gestión del actual grupo de Gobierno municipal, en concreta a la alcaldesa Pilar González por autorizar el uso de patinete eléctrico sin que exista una ordenanza reguladora. Por su parte, CC La Oliva, añade que "defiende la movilidad sostenible, pero lamenta la improvisación de la alcaldesa" y señala que "la autorización se hizo en precario y ya se encuentra expirada, creando una situación de enorme inseguridad La alcaldesa de La Oliva aprobó en mayo un decreto autorizando los patinetes eléctricos en Corralejo, sin contar con una ordenanza que regule la actividad, lo que ha ocasionado una situación de descontrol e inseguridad que incluso han rechazado las asociaciones que defienden las mejoras de accesibilidad, como es el caso de Adivia Fuerteventura".
Coalición Canaria La Oliva, ha argumentado que desde su grupo político han defendido tanto desde el Gobierno como desde la oposición, la movilidad sostenible en el municipio, por lo que lamentan que "la improvisación y desorganización de la alcaldesa haya provocado que una actividad que debería ser positiva y ejemplar, haya provocado un caos como el que estamos viviendo cada día en Corralejo".
Desde el grupo de CC en La Oliva, han criticado que al no haber una ordenanza municipal, "ni los usuarios de los patinetes, ni los viandantes, saben si pueden circular por la acera, por los carriles bici o por la calzada", y que ejemplo de ello son los "incontables vecinos y vecinas que se han quejado de la excesiva velocidad de estos vehículos, y del peligro que suponen si no se usan correctamente", a lo que suman que "ni siquiera la Policía Local puede sancionar a los usuarios irresponsables, precisamente por no haber una ordenanza que establezca las sanciones".
Según afirman, el Ayuntamiento de La Oliva aprobó un gasto de 3.000 euros para los estudios previos de esta necesaria ordenanza, y en respuesta a una pregunta en pleno de Coalición Canaria La Oliva, la contestación de la concejala de Accesibilidad fue que la alcaldesa autorizó esta actividad por decreto. Los nacionalistas entienden esto como un hecho que comprueba la "descoordinación de la alcaldesa con sus socios de gobierno, cuando la concejala del área afirma que es necesaria una regulación profunda de la actividad, mientras la alcaldesa decide por su cuenta a base de decretos".
El decreto que aprobó la alcaldesa a principios de mayo, señalan, concediendo temporalmente autorizaciones en precario, ya ha cumplido el plazo inicial de tres meses. Coalición Canaria se pregunta si la alcaldesa, que está más de vacaciones que atendiendo los numerosos problemas del municipio, Ɵene previsto renovar estas autorizaciones una vez se ha cumplido el plazo para su caducidad, con el consiguiente peligro e inseguridad que genera esta situación.
