El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado este viernes una moción que insta al Gobierno de España a mantener la deducción fiscal para las producciones audiovisuales desarrolladas en Canarias en un 80% más de lo establecido para el resto del Estado. La intención del gobierno insular es que se respete el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), cuyos incentivos fiscales son uno de los mayores atractivos para las grandes producciones internacionales.
El pasado 17 de junio se aprobaba, en comisión del Senado, una enmienda al Proyecto de Ley contra el fraude fiscal, por la que se pretende imponer nuevos límites, estableciendo la deducción en algo más de 12 millones para las producciones en territorio canario, cuando según lo recogido en el REF debería ascender a 18 millones, que serían el 80% sobre la ayuda al resto del territorio nacional.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López, destaca en la nota enviada a Crónicas "los beneficios de la actividad cinematográfica en la economía insular, por lo que tenemos que seguir reivindicando ante las instituciones que se mantengan los incentivos fiscales para seguir atrayendo a Fuerteventura grandes proyectos audiovisuales y cinematográficos".
Para el consejero delegado de Fuerteventura Film Commission (FFC), Rayco León, "perder este diferencial frente al territorio peninsular supone una contradicción lo establecido en el REF canario, además de un gran revés para Canarias como destino cinematográfico". León añadió, además, que "debemos apoyar la industria cinematográfica, ya que aporta cada año mayor porcentaje del PIB en Canarias. Además de por los platós naturales y las excelentes condiciones climatológicas, esto ha sido posible gracias a los incentivos fiscales que ofrece Canarias". Para el consejero insular, "las producciones de largometrajes y series audiovisuales de ficción, animación o documental contribuyen a la diversificación económica de la Isla, atrayendo oportunidades de negocio para la industria local".
A través de este acuerdo, el Cabildo de Fuerteventura persigue instar además a las Cortes Generales, especialmente a la representación canaria, a refutar la mencionada enmienda, así como a trasladar a Gobierno y Parlamento regionales su total disconformidad con esta vulneración de los intereses económicos del Archipiélago.
