El Cabildo de Fuerteventura llevará al próximo Pleno, para su aprobación, el inicio del procedimiento para elaborar un Plan Territorial Especial que regule la proliferación descontrolada de infraestructuras de producción energética. Para la Corporación insular es urgente comenzar a redactar, cuanto antes, este instrumento de ordenación, tan necesario para planificar la instalación de energías alternativas, especialmente parques eólicos, fotovoltaicos y termosolares.
A día de hoy, Fuerteventura cuenta con casi media decena de parques eólicos y fotovoltaicos en funcionamiento. Además, alrededor de una treintena se encuentran en fase de puesta en funcionamiento o autorización. Ante la falta de un instrumento de ordenación específico, estos sistemas se instalan sin la adecuada regulación paisajística, provocando efectos erosivos sobre el suelo, además de graves afecciones a la flora y la fauna, especialmente a las aves.
Para el presidente insular, Sergio Lloret, "el Cabildo mantiene su apuesta firme por las energías alternativas, pero con una regulación y criterios de planificación que eviten la forma en la que se están implantando en la actualidad, con dispersión y afectando a poblaciones y zonas de valor ambiental".
Para la vicepresidenta primera y consejera de Sostenibilidad Ambiental, Lola García, "lo que se pretende conseguir es una ordenación rigurosa, que permita una mejor utilización y racionalización del suelo. Por ello, se propone establecer los criterios y condiciones para estos sistemas energéticos". Se tendrán en cuenta variables como la población, el crecimiento económico, la ocupación de suelo, cercanía a caminos y líneas de transporte, o la potencia de las instalaciones.
Por su parte, el vicepresidente segundo, Claudio Gutiérrez, destaca en la nota enviada a Crónicas la necesidad de conciliar el uso del suelo con el desarrollo ambiental, social y económico, "de manera que se pueda dar un aprovechamiento racional de los recursos naturales".
El inicio de la elaboración del plan va a permitir al Cabildo, además, suspender cautelarmente el otorgamiento de licencias, conforme a la moción aprobada por el Pleno el pasado mes de junio. De este modo, se evitarán actuaciones aisladas ajenas a esta planificación, que pudieran resultar incompatibles con la ordenación del territorio y el bienestar de la ciudadanía.
Todo este proceso irá en paralelo a la redacción de las ordenanzas provisionales, que serán próximamente sometidas a consulta pública, así como la propuesta al Parlamento de modificar el artículo 6 bis de la Ley de regulación del Sector Eléctrico canario, una modificación fundamental para asegurar el respeto a este planeamiento territorial.
Todos estos instrumentos se tramitarán con la correspondiente participación de colectivos, asociaciones y ciudadanía, para buscar los mejores criterios comprometidos con el medio ambiente y la población.
