El Cabildo de Fuerteventura, en Consejo de Gobierno celebrado este lunes 12 de abril, ha aprobado por la vía de urgencia un acuerdo de cooperación con el Servicio Canario de Salud, que se materializará en el alquiler de una nave para crear un segundo espacio en la zona industrial de Risco Prieto, destinado al alojamiento de migrantes que arrojen un resultado positivo en la PDIA o para llevar a cabo la cuarentena judicial en caso de ser negativos hasta obtener el alta epidemiológica, según establece el protocolo vigente en el área de Salud. De este modo, ‘se permite descongestionar los actuales centros habilitados y se facilita un mejor tratamiento y gestión de la situación. Una ayuda que prestamos a pesar de no ser competentes porque entendemos que Fuerteventura no soportaría prolongar el nivel 3 o irnos al 4’, explica Sergio Lloret, presidente del Cabildo, en la nota enviada a Crónicas.
Ante esta realidad, y aunque no forma parte de sus competencias, el Cabildo ha decidido cooperar con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y con el Ministerio, a fin de avanzar en la resolución del problema generado por la falta de instalaciones. ‘Lo más importante en estos momentos es garantizar que la evolución de la situación sanitaria en la isla siga siendo favorable’, reitera el presidente. ‘La economía de la isla está en grave riesgo, por lo que bajar de nivel cuanto antes es vital para la supervivencia de autónomos y pymes. Para ello es fundamental que positivos y contactos estrechos no compartan lugar ni que estos últimos estén deambulando por las calles’, concluye.
Por su parte, el titular de Políticas Sociales, Adargoma Hernández, señala que ‘nuestra disposición a colaborar es total, porque esta situación nos afecta a todas y todos en Fuerteventura’.
Como máxima autoridad sanitaria competente, el presidente del Cabildo ha convocado una Mesa de Cooperación y Coordinación entre Administraciones en materia migratoria, dando cumplimiento al acuerdo plenario tomado el pasado mes de marzo, por el que se convocará al Ministerio de Migraciones, la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura y el Servicio Canario de Salud.
