El pleno del Cabildo de Fuerteventura que se celebró este pasado viernes sirvió para que la Corporación insular aprobara por unanimidad una iniciativa del grupo de Coalición Canaria, para que el Gobierno de Canarias modifique urgentemente los criterios y formas de asignación de ayudas a las entidades sociales del denominado ‘Tercer Sector’ de Acción Social.
La propuesta “recoge las reivindicaciones de la plataforma de entidades sociales, ante la pésima gestión que la consejera Noemí Santana ha realizado. Sin escuchar, atender ni dialogar con colectivos que realizan una trabajo imprescindible para llegar a donde las instituciones no llegan”, resumió el consejero de Coalición Canaria, Adargoma Hernández, tras el pleno.
El acuerdo del Pleno reclama a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, que dirige Noemí Santana, que se reajusten los plazos de la convocatoria de subvenciones para evitar los problemas de gestión. “Porque su falta de previsión y reacción, puede abocar a la desaparición de servicios en las entidades sociales del ‘Tercer Sector’ de Acción Social”, indicó el consejero de CC.
Adargoma Hernánez recuerda este lunes en nota de prensa que durante años las entidades sociales del ‘Tercer Sector’, han atendido a las demandas básicas de la ciudadanía, aportando mucho esfuerzo y trabajo voluntario, especialmente en época de crisis.
Entre ellas, la Coordinadora de Acción Social de Canarias (que agrupa a colectivos que trabajan en la dependencia, menores, diversidad psicosocial, diversidad motriz, colectivos de mujeres, colectivos LGTBI+ y demás áreas).Ésta, denunció públicamente la necesidad de reformular los criterios de concesión de subvenciones anuales correspondientes al 0,7% social del IRPF.
El caos de Noemí Santana en la dirección de la gestión de estas subvenciones ha llegado incluso a afectar a la plataforma ‘on line’ de la convocatoria. La plataforma oficial de la Consejería dejó de funcionar durante el plazo de presentación de solicitudes, por lo que muchas entidades no pudieron presentar propuestas en tiempo y forma, y aún así la propia Consejería siguió adelante con el procedimiento emitiendo una resolución de concesiones.
Todo ello, junto a la suspensión de la convocatoria de 2020, justificada por la propia consejera Noemí Santana en la falta de personal para tramitarlas, y ante lo que optó por asignar casi 9’3 millones de euros directamente, sin posibilidad de libre concurrencia.
“Las subvenciones son competencia autonómica. Los retrasos en las convocatorias, así como la falta de reacción del gobierno autónomo en su gestión, concretamente la Consejería de Derechos Sociales, está abocando a muchas de estas entidades a no poder mantener su actividad y desparecer”, indicó Adargoma Hernández.
