sábado. 23.11.2024
Blas Acosta en una imagen de archivo.
Blas Acosta en una imagen de archivo.

El ya ex presidente del Cabildo de Fuerteventura Blas Acosta no atraviesa ni de lejos su mejor momento personal ni político. Después de asumir el cargo en el presente mandato tras un acuerdo que parecía firme y que dejaba fuera a quien había sido su socio en los años anteriores, Coalición Canaria (CC), se ha visto en pocos días despojado del mismo y envuelto en diferentes escándalos que han tenido su punto y coma este lunes. La razón es la respuesta que ha dado casi de inmediato a la clara advertencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de abrir una investigación en su contra para analizar si procedían a denunciarle por haber dicho en una emisora de radio, entre otras cosas, que la justicia está "podrida". Aunque sus manifestaciones podrían estar amparadas por la libertad de expresión, el también secretario general del Partido Socialista (PSOE) ha reaccionado de forma inmediata y se ha retractado en una carta que ha enviado a todos los medios de comunicación, carta en la que califica sus propias manifestaciones de "absolutamente intolerables" e "inaceptables". 

Después de dimitir como presidente del Cabildo para evitar una moción de censura, Acosta estaba tratando de que su partido le designara senador por la Comunidad Autónoma con la clara intención de aforarse y de que las causas que tiene pendientes con la justicia se abordasen en Madrid, en el Tribunal Supremo (TS). No ha sucedido por el agrio enfrentamiento que ha tenido con el otro gran aspirante, el tinerfeño Santiago Pérez, quien después de un largo periplo fuera del partido regresó sospechosamente justo en el momento en el que podía asumir un puesto que parecía destinado a él si no se hubiera cruzado en su camino Acosta. De hecho, fue el secretario general de los socialistas majoreros el primero en poner el grito en el cielo ante la posibilidad de que se le diera el premio político a alguien que llevaba años fuera del partido y que despotricó de la formación cuando creó su propio partido o cuando se sumó a las filas de Nueva Canarias (NC). El calentón de Acosta, más el hecho indudable de que algunos medios suelen tener la información de los juzgados antes que los afectados, cosa que no es novedosa, le llevaron a soltar en antena las declaraciones que este mismo lunes el TSJC ha anunciado que iba a investigar. 

Para evitarlo, el presidente ha escrito una carta que este diario reproduce en su integridad en la que afirma que su petición de disculpas a la justicia es "sincera, clara y sin ambages". 

CARTA ABIERTA A LA JUSTICIA

"Debo de comenzar esta carta abierta pidiendo públicamente perdón por mis inaceptables declaraciones sobre el funcionamiento de la justicia. Unas declaraciones que se convierten en absolutamente intolerables en mi caso, por mi condición de cargo público.

Mi petición de disculpas es sincera, clara y sin ambages y debo reconocer de manera pública que me he equivocado pues también públicamente cometí el error por el que ahora me disculpo.

Confío en la Justicia. Confío tanto en la Justicia que estoy convencido de que, a pesar de las filtraciones, al final, los procedimientos judiciales a los que me veo sometido quedarán en nada después de demasiados años de instrucción.

En ese sentido, reconozco que la extremada duración de los procedimientos a los que me veo sometido ha podido influir en mi estado anímico. Una dura situación a la que se añade la presión política derivada de los acontecimientos vividos durante estos días en el Cabildo de Fuerteventura. Ambos elementos se han sumado contribuyendo a provocar, que no disculpar, mis irreflexivas declaraciones.

Finalizo esta carta abierta reiterando de manera rotunda mis disculpas a la ciudadanía y a la propia judicatura. Al tiempo, me comprometo de manera expresa a no volver a entrar en este tipo de declaraciones que perturban el debate público y la percepción de las propias instituciones, en este caso la Justicia, de manera totalmente inaceptable". 

Blas Acosta se retracta para evitar la denuncia del TSJC