El Ayuntamiento de La Oliva ha emitido este sábado, 6 de agosto, un comunicado aclaratorio en que da respuesta a las acusaciones vertidas desde Coalición Canaria, culpando a la actual corporación, que preside Pilar González, de ser responsables de la ausencia de hamacas y chiringuitos en las playas del municipio.
Hace un año, en agosto de 2021, la institución recibía el requerimiento de la Demarcación de Costas que acreditaba que aún existían instalaciones en la playa, a pesar de haber caducado la concesión, lo que podía ser causa de sanción para el Ayuntamiento, explica la corporación.
En las consideraciones del Ayuntamiento, se explica que dentro del expediente, existe una comunicación a fecha de 2 de julio de 2019, firmada por el entonces alcalde, Isaí Blanco, y dirigida a los adjudicatarios de los sectores deportivos, en el que "se les informa que ha expirado el plazo de duración de la autorización municipal otorgada, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas, y por lo tanto, carece de título habilitante para el ejercicio de las 'Autorizaciones temporales del aprovechamiento en las playas del municipio de La Oliva' (Servicios de Temporada)".
En esta comunicación, el ayuntamiento instaba a la retirada de las instalaciones en el Dominio Público, retirada que "en algunos casos no fue llevada a cabo por los concesionarios", continúa el comunicado.
Por lo tanto, a tenor de esta situación, y "ante la pasividad por parte de Don Isaí Blanco para la eliminación de estas instalaciones mediante expedientes de infracción urbanística", señalan desde la institución, "estos deben ser tramitados por la actual corporación que trabaja para agilizar su conclusión para poder proceder a una nueva licitación que cumpla con todos los requisitos".
La comunicación de la Demarcación de Costas en la que se da traslado al ayuntamiento de la necesidad de actuar antes de proceder a una nueva licitación y evitar la sanción por falta grave, acredita en consecuencia, según entiende el ayuntamiento, "que la actual corporación ha tenido que actuar ante la desidia de la anterior, a la que sí se puede responsabilizar directamente de ineficacia, complacencia y desidia, enmascarada ahora en falsedades y discursos de autobombo".
En respuesta a las acusaciones de "destruir los servicios de Playas"
La información remitida desde el Ayuntamiento de La Oliva se produce en respuesta a un comunicado anterior de Coalición Canaria, señalando que "la alcaldesa de La Oliva y el PSOE destruyen los servicios de Playas, pese a que Isaí Blanco dejó el trámite aprobado y publicado hace más de dos años".
Según la formación nacionalista en el municipio, "en noviembre de 2019, el Ayuntamiento de La Oliva, siendo alcalde Isaí Blanco, dejó redactado el proyecto para la licitación de los Servicios de Temporada en las Playas del Municipio, y en abril de 2020, un mes antes de la moción de censura que presentó la actual corporación, el proyecto se sometió a información pública en la plataforma del Ministerio de Transición Ecológica", agregando el enlace a la publicación de este anuncio.
Coalición Canaria admite que el Ayuntamiento de La Oliva no hizo correctamente la anterior adjudicación de los servicios, aunque aclara que "eso fue en 2016, es decir, antes de que el Gobierno que encabezaba Isaí Blanco tomara posesión". Además, añadieron, "si el problema fuera de la corporación anterior, la propia alcaldesa sería igual de culpable, pues antes de la moción de censura, ella era la primera teniente de alcalde, y el concejal de Turismo era el mismo que ahora".
Para Coalición Canaria, son la alcaldesa Pilar González y el concejal de Playas, Julio Santana, "quienes han retirado los servicios de playas en plena temporada alta turística", y consideran que estos "estuvieron cerrados durante toda la pandemia, un tiempo precioso que el actual grupo de gobierno pudo aprovechar para avanzar en los trámites de adjudicación. No lo hizo con la debida diligencia, y ahora en plena temporada alta, La Oliva no tiene una sola sombrilla, hamaca, ni chiringuito en todo el municipio, ofreciendo una imagen lamentable".
El exalcalde, Isaí Blanco, se dirigió entonces a la alcaldesa para trasladarle que "usted sabe perfectamente que mientras gobernamos juntos, se dieron los pasos necesarios para renovar la adjudicación de servicios de playas. Si la nueva licitación no ha llegado a tiempo, por los motivos que sea, salvedades de Costas, retrasos en el Órgano Ambiental, o errores de gestión de su equipo de gobierno, lo desconozco, debe usted asumir la responsabilidad".
Para Coalición Canaria - Asamblea Majorera, la alcaldesa y el concejal de Playas "no han sido capaces de gestionar y mantener buenas relaciones con las entidades y empresas implicadas", manifestando que "una actitud más seria y dialogante, con toda seguridad habría evitado retirar los servicios de playas antes de la nueva adjudicación".
El partido mayoritario en la oposición de La Oliva trasladó su creencia en que "la alcaldesa y sus socios de gobierno no tienen ningún plan", pues "no dan fechas de cuándo está prevista la adjudicación de los servicios, ni se informa del estado del expediente". Los turistas que nos visitan regularmente, añadieron, "este año no pueden disfrutar de los servicios que siempre ofrecieron las playas de La Oliva, y es probable que a causa de ello, muchos de ellos no regresen más".
Un expediente sancionador que nace en 2017 y concluye en 2021
La documentación remitida desde la corporación este sábado, 6 de agosto, acredita que el expediente de la Demarcación de Costas se inició con la solicitud de autorización para la explotación de los servicios de temporada 2016-2020 por parte del ayuntamiento en septiembre de 2017, con Isaí Blanco como alcalde, y que en julio de 2021, la propia Demarcación comunicaba el expediente sancionador contra el Ayuntamiento de La Oliva, entonces presidido por su sucesora, Pilar González.
Este requerimiento firmado en agosto de 2021, concluye instando a la actual corporación a "que retire inmediatamente la ocupación efectuada sin título habilitante y el cese de inmediato en la conducta abusiva", advirtiendo el jefe de la Demarcación de Costas, Alberto Martín Coronel, de que no hacerlo podrá dar lugar a "incoar un expediente sancionador clasificando la infracción como grave, según lo dispuesto en su artículo 90 de la Ley de Costas". Se desconoce si en el año transcurrido desde el requerimiento, se han producido o no más comunicaciones entre el Ayuntamiento de La Oliva y la Demarcación de Costas.
