Durante todos los años de gobierno del Partido Popular, el SMI se situó a unos 600 euros de media, una cantidad que los populares creían justa para la clase trabajadora, pero, afortunadamente, llegó un gobierno de coalición progresista, que en menos de dos años ha dignificado el SMI de España.
Es decir, en poco más de tres años, el SMI ha pasado de 735 euros a 1.000 euros, mientras que al gobierno del PP le costó siete años subirlo a menos de un 15%.
Además, a finales de septiembre de 2021, se aplicó una subida del salario mínimo hasta los 965 euros. No obstante, el Gobierno anunció que no tardaría mucho en abordar un nuevo aumento.
Y ese momento ha llegado: Se ha firmado el acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional en 2022 hasta los 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Además, no hay que olvidar que esta subida del SMI repercute de forma proporcional a los contratos de jornada parcial.
Lo que parece irreal es que los populares sostengan que 33,33 euros brutos con carácter general, les suponga una medida difícil de asumir.
Se estima que la subida del salario mínimo va a beneficiar a 1,8 millones de personas trabajadoras, de las cuales 1,52 millones trabajan a jornada completa y casi 300.000 lo hacen a tiempo parcial. En Canarias, el incremento del SMI llegará a 120.000 personas.
Se beneficiarán especialmente los jóvenes, las mujeres y los que trabajan en la agricultura y en el sector servicios. En concreto, el perfil más beneficiado es el de una mujer entre 16 y 34 años, con jornada a tiempo parcial, que trabaja en el sector de la agricultura. Es decir, que la subida del SMI supone además un elemento fundamental para luchar contra la brecha salarial de género.
Esta subida NO destruye empleo, de hecho, protege a los trabajadores que están cubiertos por convenios colectivos cuyos salarios mínimos se sitúan muy por debajo de los mil euros, como pueden ser los del sector primario o del sector del comercio.
A ciertas formaciones políticas que se sitúan a la derecha de los derechos sociales básicos, siempre les ha gustado jugar a la teoría del miedo, y en eso han sido expertos; lo han hecho tan bien que llegaron a convencer a un gran número de personas trabajadoras de este país de que esa subida del SMI era perjudicial para ellos, pero, afortunadamente, tenemos un gobierno que trabaja y actúa para paliar los efectos de la nefasta reforma laboral de 2012, que generó temporalidad y trabajadores pobres.
El SMI actúa como un importante factor de equidad, además de ser un elemento esencial para luchar contra la pobreza laboral. Este incremento tiene un papel fundamental como garantía de protección a las rentas del trabajo de las personas trabajadoras más vulnerables, y se convierte en la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y afianzar los cimientos del estado del bienestar. Esta subida salarial es muy positiva para la economía española, que en una situación como la actual, de recuperación de una crisis como la del COVID-19, tiene un importante efecto de cohesión social.
La subida del SMI, en conclusión, es una cuestión de justicia, de petición histórica de la clase trabajadora que solo se cumple con un gobierno progresista, con altura de miras y con la motivación de hacerle la vida más fácil a nuestra gente.
Yolanda Mendoza es portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista