El 11 de noviembre del pasado año, previo recordatorio del iter seguido en relación a los acuerdos alcanzados en torno al transfuguismo de los años 1998, 2000 y 2006, un amplio grupo de partidos del espectro político en España firmaron el Pacto por la estabilidad institucional y el subtítulo Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas. PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSC, PNV, IU, BNG, PAR, Foro Asturias y Galicia en Común suscribimos hace apenas cuatro meses una adenda —la tercera— al primigenio pacto que parecía alumbrar una esperanza en la lucha contra esta lacra, y ello porque se hacía bajo la confianza de que los firmantes lo hacían como expresión de un sincero compromiso.
El objetivo del documento, en teoría, era diáfano: continuar la lucha contra el transfuguismo en todas las esferas institucionales, ya que el transfuguismo es una forma de corrupción. Así lo entendían las fuerzas firmantes, al extender su ámbito a los planos local, autonómico y estatal con la articulación de una serie de medidas para combatir esta práctica antidemocrática y deleznable, a la vez que manifestaban su voluntad de aplicar “escrupulosamente” los acuerdos alcanzados.
En el reseñado pacto se definió como tránsfugas, entre otros, a los representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político —partidos políticos, coaliciones electorales o agrupaciones de electores— que los hubieren presentado a las elecciones, abandonaren lo/as mismo/as o se apartaren del criterio fijado por sus órganos competentes. El acuerdo, de amplia repercusión mediática, se alcanzó después de diez años de no haberse convocado la Mesa de Seguimiento del Pacto sobre esta materia, a instancias de Ciudadanos, y como una necesidad así reconocida por todos los firmantes, dada la casuística que se venía dando en las últimas fechas.
Pues bien, sentado lo anterior, comprobable con una mera entrada en cualquier hemeroteca digital, en esto llega un señor de Murcia y manda a parar. De lo firmado nada, todo lo contrario, la necesidad dejó de existir, la palabra y firma estampada junto con las convicciones democráticas se las llevó la tramontana y, en cuanto a que el transfuguismo era un acto de corrupción, si te he visto no me acuerdo.
El sujeto se apellida García Egea, lleva por nombre Teodoro y es, nada más y nada menos, que el secretario general del PP, mano derecha de Casado y el segundo de a bordo del que ellos dicen nuevo PP. No olvidemos que hay dos PP, el del pasado y el nacido tras su último congreso del partido, el de Casado, aunque la mayoría de los del pasado sientan sus posaderas en la Carrera de San Jerónimo, en el Palacio del Senado y en muchísimos de los escaños de los parlamentos autonómicos de nuestra piel de toro.
Ni corto ni perezoso, en comparecencia pública, Teodoro García Egea ha llevado a cabo el mayor ataque en democracia contra lo pactado para combatir el transfuguismo. Así, enrabietado, a modo de un tarotista de madrugada, pronunció de forma solemne el “todas las cartas están encima de la mesa” para, luego, sin recato alguno y previo mensaje apocalíptico del hay que elegir entre socialismo o libertad, entre caos o PP, hacer un llamamiento a todos los militantes, simpatizantes y dirigentes de Ciudadanos para integrarse o unirse a su partido. Y se quedó tan pancho.
Pase lo de los militantes y simpatizantes, ya que cada cual despliega sus tácticas políticas como mejor le parece, pero lo de los dirigentes, a sabiendas de que en los mismos casi siempre confluye también la condición de cargos públicos, constituye un burdo y grosero destape de lo que realmente piensa el PP del transfuguismo. Parafraseando a Franklin Delano Roosevelt y lo que refirió sobre el primer dictador de los Somoza, pero sin taco, “son nuestros tránsfugas”.
Con el frenesí de los últimos avatares políticos, parecería que las palabras de García Egea hubiesen pasado inadvertidas, desbordadas por aquél, y por eso me ha parecido obligado resaltar la gravedad de las mismas, porque normalizarlas comporta también normalizar la corrupción. Aunque cierto es que alguien me tachará de ingenuo por haber llegado a pensar que este señor de Murcia pudiera respetar un pacto contra la corrupción militando en el único partido que durante nuestra contemporánea democracia ha sido condenado judicialmente, por eso mismo, por corrupción.