La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha visto obligada a pedir a las personas en menor riesgo de contagio por COVID-19 que esperen su turno para vacunarse. La petición de la OMS se produjo después de conocerse casos de dirigentes políticos en varios países que se han vacunado saltándose el protocolo. España entre ellos. Es terrible tener que decirle a un servidor público con menor riesgo de contraer el coronavirus que haga el favor de esperar su turno para vacunarse. Es intolerable tener que recordarle que el personal sanitario y asistencial ha estado y está en primera línea de la pandemia, sobreexpuesto, y que necesita las vacunas ahora.
Alcaldes, concejales, consejeros autonómicos, obispos, fiscales, generales, amiguetes… Ninguno de estos colectivos forma parte de los grupos prioritarios para recibir la vacuna de la COVID-19 establecido por el Ministerio de Sanidad. La razón es que ninguno de aquellos son residentes y personal sanitario y socio-sanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes. Tampoco son personas de muy avanzada edad, ni personal prioritario en el ámbito sanitario y socio-sanitario, ni otro personal sanitario o socio-sanitario, ni personas consideradas como grandes dependientes. Así que ninguno puede vacunarse antes de tiempo.
La Unión Europea ha firmado varios contratos de adquisición de vacunas y sigue firmando otros nuevos, lo que garantiza el reparto de las dosis entre los países miembros de forma proporcional a sus poblaciones con el objetivo de llegar, en primer lugar, a la inmunidad y, después, al 100% de la ciudadanía europea. Personalmente, no tengo ninguna duda de que alcanzaremos a esas metas en el transcurso de este año; sin embargo, hay quienes no respetan el turno y se cuelan a escondidas aun sabiendo que habrá vacunas para todos.
Existe un protocolo y un listado con el orden de las personas a vacunar, por lo que, en una situación como esta, todo servidor público debe conducirse con total ejemplaridad. Anteponer el interés personal al colectivo, el yo frente a nosotros, equivale a defraudar la confianza de los administrados en un episodio de extrema gravedad. Y si alcaldes, concejales, consejeros autonómicos, obispos, fiscales, generales, amiguetes o asimilados se saltan el orden establecido para recibir la vacuna cuando no les corresponde, pasando por delante de los grupos de riesgo y los trabajadores que se fajan en vanguardia, simplemente están ejerciendo un privilegio que nadie les ha concedido y se están alistando al oscuro y variopinto submundo de las corruptelas.
No hay ninguna justificación para colarse, pero, cuando se da el caso, no estamos ante una variante tolerable de la picaresca, por lo que la receta que debe serles aplicada a quienes se cuelan es sencilla. Si hay que decirle a un cargo público que se ponga en la cola, o directamente se cuela, no debería hacer falta ni la petición de cese, sino que lo normal debería ser la dimisión inmediata a petición propia. La consecuencia es que debe renunciar a sus cargos de inmediato, porque este tipo de personas sobran en la vida pública.