Uno de los aspectos polémicos del proyecto de ley educativo de Celaá es, después de admitirse una enmienda, el hecho de que no aparezca de manera expresa el castellano como la lengua oficial del Estado ni como lengua vehicular junto con las lenguas cooficiales en territorios con lengua propia.
Nos encontramos, por tanto, con una presunta vulneración del artículo 3º de la Constitución española, que es muy claro al respecto:
- El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
- Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos.
Si la situación lingüística del castellano en Cataluña, a modo de ejemplo, es delicada y anómala desde hace décadas, con sanciones a comerciantes por rotular en español, con carteles y paneles informativos sin ningún tipo de bilingüismo y con una Administración autonómica y educativa donde la lengua de Cervantes es prácticamente residual, ahora nos encontramos con un proyecto de ley educativo, que ha sacado de la chistera la ministra Celaá, en el que ni siquiera se nombra la lengua materna de muchos españoles que viven en regiones con lengua cooficial, es decir, el castellano.
Es una aberración descomunal pretender ignorar o postergar dentro de España, sorteando el mandato constitucional, la lengua de tantos hablantes en el mundo como es el español que, según el Instituto Cervantes, lo hablan más de 580 millones de personas y casi 489 millones lo tienen como lengua materna. Es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín. No olvidemos tampoco que es la tercera lengua más utilizada en la Red después del inglés y el chino.
Esperamos que el Tribunal Constitucional ponga los puntos sobre las íes ante una infamia de tal magnitud.