La semana pasada se aprobaba en Consejo de Gobierno una ayuda extraordinaria de 250 euros para las personas beneficiarias de pensiones no contributivas, en su modalidad de jubilación e invalidez, y familias perceptoras de la PCI.
Dicha ayuda, que viene a compensar los gastos en lo que se ha tenido que incurrir en mascarillas, geles, etcétera… beneficiará a más de 50.000 familias, expresa la voluntad de un gobierno, y de la Consejería de Derechos Sociales, de no dejar a nadie atrás en esta crisis.
La importancia de la misma tiene que ver con hacer realidad algo de lo que se ha venido hablando durante mucho tiempo pero que todavía ningún gobierno en Canarias había realizado, apoyar económicamente a los y las pensionistas no contributivos, las que tienen las pensiones más bajas, que en Canarias son más de 43.000 personas y sus respectivas familias.
Dentro de ese número, el porcentaje de mujeres llega al 60 por ciento, hablamos de personas que han trabajado toda la vida pero que nunca cotizaron: mujeres que han realizado trabajos invisibles de los cuidados, mujeres rurales trabajadoras del campo sin cotización, que han sacado adelante a sus familias criando a sus hijos e hijas, un trabajo poco reconocido pero sin el que ninguna sociedad puede funcionar.
Es a ellas, especialmente, a quienes les debíamos medidas de este tipo, por eso cuesta entender la reacción de algunos sectores políticos, que emulando al discurso de apellidos nobles y privilegiados de la meseta, han hablado de paguita. Estoy convencido de que más allá de reaccionar de esta manera, porque como oposición deben decir algo, en el fondo entienden la importancia que tiene este primer paso.
Y es un primer paso porque, más allá de ser esta una ayuda puntual y extraordinaria, se marca un camino, el que se inició también en ese Consejo de Gobierno con la aprobación del anteproyecto de ley de renta ciudadana de Canarias, que no tuvo tanta repercusión, y que recoge una modalidad de complemento a los pensionistas no contributivos, que no será una ayuda puntual sino un derecho a consolidar en el tiempo.
Mejorar la vida de estas personas es un acto de justicia histórica en nuestra tierra, una de las que mayor número tiene de personas beneficiarias de PNC de todo el Estado, y es feminismo también, es poner la vida en el centro.
La sociedad canaria en su conjunto, y las instituciones en particular, tenemos una deuda con estas personas y con estas mujeres, se lo debemos.
Javier Bermúdez
Director general de Derechos Sociales
Responsable del Área de Derechos Sociales de Podemos Canarias