Uno de los más preciados tesoros de las naciones que se precien es su seguridad jurídica. Es decir, que la justicia y, sobre todo, las leyes amparen a quienes las cumplen. En la playa de La Tejita (Sur de Tenerife) se construye un hotel con licencia y se paraliza, porque hay discrepancias entre la maraña de organismos que intervienen en cualquier permiso que se concede en este país. Organismos que en muchas ocasiones evacúan informes contradictorios y conceden autorizaciones antagónicas. Se suben dos jóvenes a una grúa, se monta el follón mediático -a los medios les encantan los llamados ecologistas, sean verdaderos o chimbos- y se paraliza la obra. ¿Y ahora? A mí no me gusta la ubicación del hotel, pero su construcción cuenta con licencia. Si se paraliza definitivamente la obra, la Administración -o sea, nosotros- deberá indemnizar al promotor con una cantidad actualizada al precio de las cosas. Y el proceso puede durar años y hasta los tribunales podrían darle la razón al promotor (que exigirá el lucro cesante); y entonces no valdrá lo de los tíos encaramados en la grúa, porque los bajaría la Guardia Civil. ¿Merece la pena invertir en España, y más concretamente en Canarias, donde en cada licencia marítimo terrestre intervienen ayuntamientos, Demarcación de Costas (como se llamaba antes), cabildos y Gobierno de Canarias. Y ahora, por lo que se ve, también el Estado. Los inversores huirán como almas que lleva el diablo y aquí no se levantará un muro. Ya ocurrió una vez, hace años: se puso de moda la protesta por todo. El temporal cesó, pero el nada que hacer del coronavirus ha renovado la moda de trepar a las grúas. Yo sé que decir esto no es políticamente correcto, pero si no lo digo yo, ¿quién lo dice? En Canarias siempre caminamos por el alambre.
Publicado en Diario de Avisos