Demoler el “mamotreto de cuatro plantas” que se ha edificado en el campo de tiro de Pájara durante la pandemia y también evitar “el polvorín que se quiere hacer para que toda la munición caducada que hay en Canarias venga a explotar a Fuerteventura” son los principales objetivos que persigue la Proposición No de Ley que CC presentará la próxima semana en el Parlamento de Canarias. Así lo anunció el diputado nacionalista Mario Cabrera quien manifiestaba su malestar por “la desfachatez” con la que, considera, actúa el Ministerio de Defensa que “esconde todo” y no ha informado de sus actuaciones a ninguna administración de la isla ni ha tenido en cuenta “los acuerdos de este pueblo, aprobados en la pasada legislatura”. Para los nacionalistas, el campo de tiro debe revertir a la sociedad majorera y recuperar sus valores para que sea parte del futuro Parque Natural de Zonas Áridas de Fuerteventura. Cabrera aseguró que la iniciativa cuenta en Canarias con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo del PP y Ciudadanos por lo que confía en elevar el acuerdo al Congreso y el Senado con el fin de lograr “dar marcha atrás”.
Gestión del CIE, competencia del Estado
El diputado nacionalista también habló sobre la situación de la migración en la Isla para denunciar la “improvisación y debilidad” mostrada por el gobierno insular en esta materia. El estado se ha olvidado de Fuerteventura, insistió, y recordó que el Cabildo no tiene competencias para regir el CIE de El Matorral que previsiblemente abrirá varios de sus módulos en apenas dos semana.
Discrepancias en la dirección de Sanidad
En el ámbito sanitario, Cabrera denunció que “hay muchas direcciones” porque no coincide el equipo nombrado en Fuerteventura con el de la Consejería y cada uno va por su lado”. Eso hace, insiste, que la sanidad en la isla “esté perdiendo el ritmo que tenía y la calidad que se había conseguido en los últimos años”. En esta línea anunció que su grupo pedirá explicaciones sobre la compra de respiradores dirigidos a la Residencia de Casillas del Ángel que “nunca pisaron la residencia” y que no se encuentran operativos “porque están en un almacén”. Unos respiradores, aseguró, que cuestan en torno a los 80.000 euros y por los que se pagó el doble.
