La diputada nacional del Partido Popular por Tenerife, Ana Zurita, ha anunciado que “hemos defendido en Madrid la necesidad de impulsar medidas para combatir la ocupación ilegal”, un fenómeno que “se ha incrementado de forma significativa a lo largo de los últimos años, ante la pasividad de un gobierno que no ha sido capaz de distinguir un acto delictivo de una situación de emergencia social”.
Zurita explica que la propuesta de resolución que el Partido Popular llevó al Debate sobre el Estado de la Nación, “mi formación político solicitó que, en un plazo máximo de 3 meses, se elabore una Ley Orgánica que combata este fenómeno y proteja a los propietarios, y que debe contemplar, entre otras cuestiones, la definición de ocupación ilegal de inmuebles, regular un plazo máximo de 24 horas para el desalojo (y el desalojo inmediato en caso de delito flagrante), la imposibilidad de inscripción en el padrón municipal cuando la persona que intenta inscribirse es un ‘okupa’ ilegal, modificar la legislación penal para reforzar el delito de usurpación y mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias”.
Ana Zurita fue contundente a la hora de afirmar que “el gobierno que conforma el Partido Socialista y Podemos en el Estado ha sido incapaz de diferenciar y desvincular la ocupación como hecho delictivo de las razones de exclusión social por motivo de vivienda, y por lo tanto, la necesaria protección a las familias que se encuentren en situación de emergencia social”.
Ante esta circunstancia, en su propuesta, el Partido Popular considera que “es estrictamente necesario que se promueva la vivienda social para poder atender a las familias en situación de emergencia”.
Zurita defiende que “el derecho a la propiedad privada es un pilar esencial para el desarrollo económico de cualquier sociedad, por lo que hoy, más que nunca, debemos luchar por la defensa de derechos consolidados para los españoles, como son la libertad y la propiedad privada”. A esto, la diputada del Partido Popular añade que “la indolencia del actual gobierno con los temas relacionados con la ocupación ilegal y las mafias que la sustentan, provoca también una inseguridad jurídica e institucional que no tiene precedentes en este país”.
Finalmente, Ana Zurita alude a la responsabilidad del Estado para “garantizar el derecho a disponer de los bienes como un elemento fundamental del derecho a la propiedad”, y por otro lado, “a promover la vivienda social, impulsando la construcción de vivienda pública o adquiriendo inmuebles de titularidad particular, con la finalidad de incrementar el número de viviendas asequibles para familias vulnerables”.
