Nueva Canarias (NC) aludió este lunes, en el pleno del Parlamento, a la cobertura legal y jurídica existente en el Estado y la Unión Europea (UE) para controlar las abusivas subidas de los billetes aéreos entre Canarias y la Península. El portavoz parlamentario, Luis Campos, avisó que “no es el momento de experiencias piloto” para fijar la Obligación de Servicio Público (OSP) mientras que la portavoz económica, Esther González alegó el valor de la sentencia Mayotte del Tribunal de Justicia Europeo que obliga a que los tratados y acuerdos de la Unión se adapten a las RUP.
Durante la sesión de control al Gobierno y con sendas preguntas al presidente y al vicepresidente, Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez, respectivamente; los canaristas progresistas han abordado las acciones realizadas para la instauración de las OSP en los trayectos entre el Archipiélago y el resto del Estado así como la “escalada incesante” de los precios de los billetes aéreos que, de media, en 2021 subieron un 18%.
Tras el repaso realizado por Luis Campos acerca del importante número de proposiciones no de ley aprobadas por el Parlamento desde la V Legislatura de 1999 a 2003, en diversos debates del estado de la nacionalidad y la primera cumbre celebrada en abril de 2020 para evitar el incremento de los billetes; ambos destacaron los logros de NC en los Presupuestos del Estado (PGE) de 2018, “claves” para la conectividad de las islas.
Se refirieron al establecimiento de la bonificación del 75% para los residentes en las rutas de las islas con el Estado aéreas y marítimas, protegida en el Estatuto y el Régimen Económico y Fiscal (REF) de noviembre de 2018. También la inclusión, en la citada ley presupuestaria, de una enmienda con la que se especifica que, dentro del respeto a la normativa comunitaria y al principio de libertad tarifaria, las autoridades competentes en materia de competencia “velarán” para que las compañías prestatarias de servicios de pasajeros “no establezcan pactos de colusión que incrementen los precios, pudiendo fijar al respecto, cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público”.
Esther González se detuvo en la importancia de que el Archipiélago se apoye en su condición exclusiva en la UE de Región Ultraperiférica (RUP) que, recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento, le confiere un tratamiento específico, la posibilidad de adoptar políticas y ayudas específicas para las islas, entre otras, en materia de transportes e infraestructuras de puertos y aeropuertos.
Una singularidad que jurídicamente se refuerza, subrayó la portavoz económica, con la sentencia Mayotte del Tribunal de Justicia Europeo de diciembre de 2015, con la que los tratados y acuerdos de la Unión tienen que adaptarse a las RUP.
Esther González afirmó que “tenemos a nuestro favor” la sentencia Mayotte mientras que Luis Campos advirtió de que “no es el momento” de que la administración estatal impulse experiencias piloto de OSP sino de “aplicar lo que ya conocemos que funciona”.
En esta última manifestación del portavoz parlamentario de NC se encontraba implícita la existencia, en el seno de la UE, de 160 rutas declaradas obligaciones de servicio público incluida España, de las que el 38% unen el continente con las islas. Como la positiva experiencia existente con las rutas interinsulares del Archipiélago.
En julio de 1998, recordó NC, el Ejecutivo estatal declaró OSP la mayoría de las rutas aéreas entre las islas con el objetivo de garantizar una prestación mínima de servicios regulares en términos de continuidad, regularidad, tarifas y capacidad mínima. En los tráficos aéreos interinsulares de Canarias existe un importe máximo de la tarifa (precio) para cada trayecto que “no puede ser superado” por las compañías aéreas.
