La secretaria ejecutiva de Derechos Sociales de Coalición Canaria-PNC, Cristina Valido, ha recordado este jueves al Gobierno de Canarias, concretamente, a la consejera del área, Noemí Santana, que el incremento de las partidas económicas a los ayuntamientos en plena crisis social y económica en las Islas “no es un mérito, es una obligación”.
Valido valora en la nota enviada a Crónicas de forma positiva cualquier incremento al plan concertado de servicios sociales con los ayuntamientos, ya que, recordó “son los que llevan a sus espaldas el peso de dar una respuesta inmediata a los ciudadanos y ciudadanas y han sido, en muchos casos, los grandes olvidados, sobre todo, en los primeros meses de la pandemia, donde a la falta de recursos económicos había que añadir la falta de personal para dar respuesta al aumento de solicitudes por parte de personas que de la noche a la mañana habían perdido su empleo, que no tenían para llegar a fin de mes o que se habían visto obligados a cerrar su negocio y verse en la calle”.
La dirigente nacionalista recordó que ya en la legislatura pasada se consolidó la tendencia de blindar las políticas sociales “y entonces no había ni pandemia, ni una caída tan brutal de empleo, puesto que en 2019 la tasa de paro en las Islas se situaba en poco más del 20 % y los datos de exclusión social no eran tan dramáticos como los que, lamentablemente, tenemos en la actualidad”.
De esta forma, Cristina Valido argumentó que de 2018 a 2019 el presupuesto para políticas sociales se incrementó en un 21 %, la financiación a los municipios a través de los protocolos para la Fecam aumentó en un 60% de 2017 a 2019 y entre 2017 y 2018 se contabilizaron 90.000 familias menos en situación de exclusión social en el archipiélago. “Estas cifras -enfatizó- son el reflejo de una política social planificada y en coordinación con cabildos y ayuntamientos, una política ajustada a la realidad de las Islas”. En este contexto, la responsable de Derechos Sociales de los nacionalistas canarios reclama “el mismo rigor, con el fin de adaptar un eje tan fundamental como el de las políticas sociales a la realidad económica y social de las Islas, con menos adornos, menos titulares y más gestión y trabajo para llegar a la ciudadanía vulnerable, a quienes más lo necesitan, pero también para restituir el esfuerzo que hicieron los 88 ayuntamientos canarios que sacaron recursos de donde no los tenían para atender a la emergencia social que originó la pandemia”.
