El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ha solicitado al Estado la creación de la Comisión de la Demarcación Marítimo-Terrestre de Canarias, en la que se debatirán las propuestas planteadas por Canarias para el traspaso de las competencias de Costas, antes de incluirlas en la Comisión de Transferencia.
El consejero del Área, José Antonio Valbuena, ha explicado que el Gobierno de Canarias ya ha presentado un documento base al Ministerio. “Lo que queremos es avanzar en el consenso de los elementos definitivos que entrarán en la transferencia de funciones del Estado a Canarias”, indicó Valbuena, que espera que tras la reciente remodelación del Ejecutivo central, que ha afectado a la cartera responsable de gestionar las transferencias, se retome con agilidad el proceso en el que ambas administraciones llevan meses trabajando para dar cumplimiento a su Estatuto de Autonomía.
“Desde el Gobierno de Canarias hemos tenido en cuenta las actualizaciones de las normas europeas y españolas en todo lo relativo a la protección y uso sostenible del litoral, la jurisprudencia acaecida en los últimos años, y la modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, para presentar un trabajo riguroso y ajustado a derecho”, indicó Valbuena.
El consejero explicó que aunque existen algunos detalles por cerrar mediante negociaciones, especialmente en lo que se refiere al control del Estado sobre la Comunidad Autónoma, el traspaso de recursos humanos, bienes o la evaluación y cuantificación de las necesidades que el ejercicio de esas competencias comporta para establecer las cuantías económicas que deben consignarse en los Presupuestos Generales del Estado, desde el Gobierno de Canarias esperan que en breve espacio de tiempo se puedan empezar a ultimar los términos del texto del Real Decreto en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias ya establecida.
A las competencias que ya tenía Canarias para autorizaciones en la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, que suponían el control de los usos, instalaciones y obras en la franja comprendida desde el deslinde del dominio público marítimo-terrestre hasta la franja entre 20 y 100 metros tierra adentro, dependiendo si se trata de suelo urbano o rústico, se suma ahora la competencia para otorgar las autorizaciones y concesiones en el mar, de todo tipo de actividades, puertos, acuicultura, eventos deportivos, o emisarios, entre otros, siempre en concurrencia con el resto de competencias de otras administraciones
La Comunidad Autónoma será también la administración competente para ordenar y autorizar los servicios y actividades de las playas y zonas de baño, los accesos al mar, o la ordenación urbanística en la zona de influencia de los 500 metros tierra adentro, aspecto que Valbuena calificó “de gran trascendencia para el Archipiélago, no solo por la influencia directa que tiene sobre el desarrollo socioeconómico de Canarias, sino también por la labor que tendremos que desarrollar en los próximos años para proteger al litoral del cambio climático”.
