El vicepresidente canario y consejero de Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, reprochó este miércoles al Estado que haga dejación de sus competencias en política migratoria e intente responsabilizar a las instituciones canarias de las deficiencias en la acogida de los miles de personas que están llegando a las Islas en los últimos meses a bordo de cayucos.
Rodríguez se pronunció en estos términos tras ser preguntado por los periodistas sobre las palabras ayer en las Cortes del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien dijo que los ayuntamientos y cabildos canarios se han puesto de perfil.
El vicepresidente aseguró que el principal problema es que “el Gobierno de España no ha acabado de entender que somos frontera sur del Estado y de la Unión Europea y que las políticas migratorias son de su responsabilidad”.
Durante las dos anteriores grandes crisis migratorias se evidenció esta realidad y se dio respuesta a la situación generada en cada momento. La primera de ellas se produjo entre 1999 y 2003, cuando arribaron unos 28.000 migrantes, y la segunda, entre 2004 y 2007, cuando llegaron unas 85.000 personas. En lo que va de este año otros 5.600 migrantes han alcanzado las costas del Archipiélago.
En opinión de Rodríguez, “no es de recibo” que quien tiene las competencias no las ejerza de manera debida y que el ministro cuestione a las instituciones del Archipiélago “cuando éstas y la ciudadanía canaria en su conjunto han obrado desde la solidaridad, la comprensión y la colaboración”.
El vicepresidente subrayó que se trata de un fenómeno que es consustancial a la historia humanidad, “que se ha producido y se seguirá produciendo”, pero que ahora, cuando coincide con una crisis económica y otra climática, se recrudecerá.
Rodríguez recordó las sucesivas crisis migratorias que se han producido en Canarias en las últimas décadas e insistió en que “antes y ahora” éstas deben afrontarse desde cuatro ámbitos diferentes: actuaciones en los países de origen por la vía diplomática, económica y de seguridad; mejora de los sistemas y de la coordinación de los rescates; una acogida en instalaciones digna y limitada en número a cargo del Estado, y una política eficaz de derivaciones hacia el continente europeo.
Sobre este último aspecto, el vicepresidente indicó que “no hay ninguna razón para retener aquí a los migrantes; debemos tener recursos para una acogida digna y humanitaria, pero esas personas tienen que circular hacia el continente. Sin derivaciones, como las que se hicieron en las anteriores crisis migratorias, no hay solución”.
“No vamos a permitir -continuó- que Canarias se convierta en Lesbos o Lampedusa; es obligación del Gobierno de España y de las autoridades europeas dar una respuesta en ese sentido, cumplir con su deber y respetar a la ciudanía e instituciones canarias”.
