El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, emplazó este jueves al Estado a compensar a Canarias con una política basada en el principio de “discriminación positiva”, que permita la llegada de recursos a las Islas de manera directamente proporcional al daño provocado por la pandemia del Covid-19. Asimismo, reiteró que “en Canarias no se van a tocar los impuestos” y que las necesidades de financiación han de acometerse con deuda pública.
Rodríguez, que se reunió con el presidente y la directora general de la Cámara de Comercio tinerfeña, Santiago Sesé y Lola Pérez, insistió en el desigual impacto que tiene la crisis en los diferentes territorios, algo que debe tenerse en cuenta a la hora de distribuir los fondos estatales, por un lado, y los incluidos en el Plan europeo de Reconstrucción.
El vicepresidente reiteró que será “exigente” con el Estado para que éste cumpla con Canarias y ofrezca una respuesta en consonancia con la gravedad de la situación.
El objetivo del Gobierno de Canarias es elaborar unos Presupuestos autonómicos similares a los de este año, de cara a garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y las inversiones, para lo que necesita captar 1.000 millones de euros.
Las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de atender esos dos objetivos, están condicionadas por decisiones que habrá a de adoptar el Gobierno de España en torno a la actualización del sistema de financiación autonómica al margen del ciclo económico, lo que supone 500 millones de euros, y la autorización para el uso de los 500 millones de euros del convenio de carreteras endosados al superávit del año 2018. Respecto a la recuperación económica del tejido productivo, serán necesarias las partidas de los Presupuestos estatales y los programas derivados del REF, además de la distribución entre las comunidades autónomas de la parte del Fondo de Reconstrucción europea asignada a España para propiciar la creación de empleo, y medidas de apoyo a pymes y autónomos, infraestructuras turísticas, saneamiento o vivienda, todo ello con criterios de economía verde y digitalización.
Los recursos se completarían con la asignación anual del nuevo marco presupuestario de la Unión Europea 2021-2027.
“Cada administración -precisó Rodríguez- debe afrontar la crisis desde sus propias competencias y nuestras prioridades pasan por el refuerzo de los servicios públicos esenciales, pero también por el mantenimiento de la inversión pública, una herramienta que ayuda directamente a los sectores económicos como el turismo o la construcción”.
“Es precisamente ese capítulo de inversiones el que define nuestro margen de intervención directa en la marcha de la economía, por lo que intentaremos que los próximos Presupuestos mantengan los 1.000 millones consignados ya este mismo año”.
El vicepresidente trasladó también a los dirigentes camerales que el Gobierno no tocará la fiscalidad, por lo que no subirá ni bajará impuestos.
En la reunión también estuvieron presentes el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado; el director general del Gabinete de la Vicepresidencia, Martín Marrero, y la directora general de Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia, Carmen Nieves Gaspar.
