viernes. 22.11.2024

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, celebró este miércoles el cambio de criterio del Ministerio de Hacienda al suspender las reglas fiscales para este año y el próximo, lo que permitirá, entre otras cosas, el uso incondicional del superávit y los remanentes acumulados por las administraciones públicas.

Rodríguez recordó que esta ha sido siempre la postura defendida por el Gobierno de Canarias y que la propia Unión Europea ya había procedido en marzo a la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) con el objetivo de permitir a los Estados aumentar el gasto público e inyectar todo el dinero necesario para mitigar el impacto de la crisis provocada por el Covid-19.

El vicepresidente precisó que la legislación europea prevé esta contingencia a través de la aplicación de la denominada “cláusula general de escape”, que permite a los Estados miembros saltarse de manera temporal sus obligaciones en la reducción del déficit público en situaciones graves. Además, el artículo 135.4 de la Constitución española da cobertura también a esa opción.

Rodríguez, aunque se mostró cauto sobre el alcance del anuncio realizado hoy por la ministra de Hacienda en tanto no se conozcan todos los detalles de la medida y su articulación normativa, insistió en que la única manera que tienen los países para salir de la crisis es el incremento del gasto público.

Derechos económicos y estatutarios de Canarias

El vicepresidente también apremió hoy al Gobierno central a aclarar su posición con respecto a la financiación autonómica que recibirá Canarias el próximo año para hacer frente de manera adecuada a los efectos de la crisis económica y social provocada por el Covid. El Estado deberá nutrir de recursos financieros adecuadamente al Archipiélago a través de la actualización del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) al margen del ciclo económico, como este año, mediante transferencias o autorizando la vía del endeudamiento, “puesto que nuestra situación de tesorería nos permitirá conseguir dinero en los mercados a precios razonables”

Y a pesar de que el Gobierno de España ha despejado la incógnita sobre las reglas fiscales, el vicepresidente también contabilizó en el haber de Canarias los 500 millones de euros dimanados de la sentencia del convenio de carreteras referidos al año 2018 y cuyo uso para gasto corriente el Estado ha de permitir.

“Ahora nos enfrentamos a 2021, que será muy complicado y para el que debemos tener, además, unos Presupuestos españoles y europeos que hagan justicia y reparen adecuadamente el daño que ha provocado la crisis en nuestro sistema productivo”, dijo.

“Vamos a salir de esta”

Rodríguez explicó en el Parlamento que el Gobierno canario ha sorteado “debidamente” las dificultades de este año, en el que no solo no se han producido recortes públicos sino que se ha incrementado en 400 millones de euros el gasto destinado a los servicios esenciales y se han contratado a 7.000 nuevos empleados públicos para la sanidad y la educación.

Rodríguez se mostró confiado en que Canarias podrá superar las dificultades que se avizoran en el camino si las administraciones estatal y europea tratan al Archipiélago con justicia y en función del mayor daño que está provocando la crisis, circunstancia corroborada por la caída  sufrida por el PIB.

“Tenemos, por tanto, que luchar por dotar adecuadamente el Plan Reactiva que ha impulsado el Gobierno de Canarias y, desde la unidad política, económica y social, reivindicar el cumplimiento de nuestros derechos y de nuestros fueros”, dijo el vicepresidente, quien consideró muy positivas algunas de las últimas noticias conocidas, como la vuelta del operador TUI, la ampliación de los ERTE o la reducción de la tasa de incidencia por el Covi-19 en el Archipiélago.

“El Gobierno tiene claro lo que Canarias necesita y vamos a salir de esta si cada cual cumple con sus obligaciones y mantenemos la unidad en defensa de nuestros derechos”, señaló.

Rodríguez celebra la suspensión de las reglas fiscales anunciada por el Estado