El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Poli Suárez, critica que el Gobierno de Canarias “presuma” de un escudo social que “usa solamente con fines propagandísticos” y que se ha demostrado claramente “insuficiente”, pues los datos de dependencia, pobreza o discapacidad, entre otros muchos, reflejan la trágica realidad a que se están enfrentando miles de canarios”.
Según la nota enviada a Crónicas, tras la comparecencia solicitada a la consejera de Derechos Sociales para hacer balance de su “desastrosa y penosa” gestión, Poli Suárez aseguró que los indicadores sociales o bien se han mantenido o, en algunos casos, han empeorado durante estos meses, incluso antes de la crisis social y económica como consecuencia del coronavirus.
El diputado popular alertó, por ejemplo, “de que hay más de 7.500 usuarios que teniendo derecho a una prestación por dependencia no la cobran; de que somos la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de víctimas de violencia de género; de que hay casi 15.000 personas pendientes de un reconocimiento de discapacidad o de que tenemos 335.000 canarios en pobreza extrema - el peor dato en España- y casi 800.000 en riesgo de exclusión social”.
“Estos datos no invitan ni al triunfalismo ni al optimismo, y menos cuando las medidas que se anuncian como el ingreso canario de emergencia o el ingreso mínimo vital no llega a quiénes peor lo están pasando”, explicó Suárez, quien añadió que “la propia consejera anunció que el primero llegaría a 100.000 personas y sólo ha llegado a 28.000, mientras que el ingreso mínimo vital sólo cubrirá a 25.000 personas en Canarias, lo que significa un exiguo 7 por ciento de los afectados por pobreza extrema”.
Según Poli Suárez, “con estos trágicos datos no necesitamos más anuncios, ni planes de choques, ni acciones de marketing que sólo se quedan en eso, necesitamos soluciones y las necesitamos cuanto antes si de verdad no queremos dejar a nadie atrás”.
Asimismo, el diputado popular urge a la consejera Noemí Santana a aprobar “cuanto antes” el catálogo de servicios y prestaciones de la Ley de Servicios Sociales que lleva “casi un año de retraso, teniendo en cuenta que el plazo de 6 meses para presentarlo expiró en noviembre del año pasado, pues puede ser una útil herramienta para promover y garantizar la prestación de unos servicios en condiciones de igualdad”, concluyó.
