El Grupo Parlamentario quiere que el Gobierno de Canarias se implique en la necesaria “reactivación” de la actividad cultural de las Islas, por lo que solicita a las consejerías de Economía e Industria y Hacienda a que “incluyan a las empresas culturales más dañadas en un bloque de ayudas” para los autónomos, asociaciones y empresas culturales.
“En estas ayudas hay que tener en cuenta, entre otras, a la industria musical de Canarias, a las salas de cine con domicilio fiscal en las Islas, a las empresas de iluminación y sonido y, en definitiva, al sector que, con una alta capacidad de productividad demostrada en años anteriores, por culpa de la pandemia, ha visto reducida su facturación en un 70 por ciento”, afirma el portavoz parlamentario, Manuel Marrero, en la nota enviada a Crónicas.
Al respecto, recuerda que en 2020 la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno “convirtió a Canarias en la primera Comunidad en sacar un paquete de ayudas específicas para toda la cadena de valor de las industrias creativas y culturales”
“En total se han invertido más de 6 millones de euros para hacer frente a esta situación y aumentar la capacidad de resistencia de autónomos, asociaciones y empresas culturales durante los peores meses de la crisis sanitaria”, afirma.
Con todo, Marrero insiste en que “aun así, la duración de la pandemia y el presupuesto limitado del área de Cultura, que ahora debe dedicarse principalmente a impulsar la reactivación de la actividad cultural en todo el Archipiélago, hace necesario que se implique todo el gobierno en incluir a las empresas culturales en un paquete de ayudas”
El portavoz de Sí Podemos Canarias recuerda que la cultura fue declarada en 2020 en el Parlamento de Canarias, a propuesta de nuestro propio grupo parlamentario, como un Bien de Primera Necesidad y que el sector está formado “por un tejido público y privado donde operan 5.544 empresas que generar 31.600 puestos de trabajo en las Islas”.
“La crisis sanitaria ha golpeado con tal fuerza a este sector estratégico que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno canario por mantener siempre la actividad con máximas condiciones de seguridad, la destrucción de empleo en este sector supera el 35 por ciento, según la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2020”, concluye Marrero.
