Manuel Marrero, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, ha denunciado este martes públicamente que “solo 13 de los 88 ayuntamientos han remitido la documentación requerida sobre los bienes de la Iglesia exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)”, con lo que los consistorios están “dificultando” que “la ciudadanía sepa exactamente cuántos espacios y edificios públicos se les ha arrebatado de forma soterrada”.
“Estamos abordando un asunto de máxima importancia, pues posiblemente la Iglesia Católica en España sea la mayor inmobiliaria de la Unión Europea”, ha asegurado Marrero en la nota enviada a Crónicas.
Al respecto, Marrero ha puesto como ejemplo que “solo en La Laguna, cuyo ayuntamiento sí ha remitido la información solicitada, el valor catastral de los 114 inmuebles que constan exentos de IBI asciende a 40.365.669,25 euros”.
María del Río, presidenta del Grupo Parlamentario, ha calificado de “auténtico escándalo y de atropello a los derechos de la ciudadanía y a la sociedad civil, haber arrebatado de esta manera el patrimonio público de todas y todos”.
Patrimonio histórico de valor incalculable
El portavoz de Sí Podemos Canarias ha recordado que “el salto cualitativo que supuso la reforma de Aznar a la Ley Hipotecaria de 1946 es que permitió a la Iglesia, subrepticiamente, apropiarse desde 1998 a 2015 de los lugares de culto, que incluso el dictador Franco los mantuvo como propiedad pública del Estado, con lo que el patrimonio cultural histórico ahora en manos eclesiásticas tiene un valor incalculable”.
“Lo suyo es que en aquel momento, los propios ayuntamientos hubieran procedido a registrar esas propiedades, lo que habría sido históricamente más adecuado, socialmente más justo y moralmente mas cristiano; pero tampoco en ese momento los consistorios estuvieron muy ágiles”, insiste Marrero.
El portavoz parlamentario ha recordado que en 2016 el diputado Francisco Déniz defendió y logró aprobar una iniciativa en la Cámara cuyo fin era que “el Gobierno canario llevara a cabo un inventario del patrimonio afectado por las inmatriculaciones y apoyara a Ayuntamientos y particulares en la recuperación de los mismos”.
Tras constatar el grupo parlamentario, a mediados del pasado año, que aún no existía dicho inventario, Marrero solicitó por escrito a los 88 ayuntamientos documentación sobre los bienes exentos de IBI.
“Solo han contestado 27 ayuntamientos de los 88 ayuntamientos, y de esos 27 solo 13 han remitido el listado de bienes exentos del IBI”, ha reiterado.
Según el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, el 76 por ciento de las propiedades que la Iglesia inmatriculó en las Islas de 1998 a 2015 no tiene documentación acreditativa de propiedad, (la totalidad de las 21 en La Gomera; 53 de 56 en La Palma; 17 de 19 en El Hierro; 110 de 136 en Gran Canaria; 34 de 38 en Lanzarote; 117 de 161 en Tenerife y 53 de 102 en Fuerteventura).
Declarar nulas las inmatriculaciones
Por todo ello, el diputado Francisco Déniz ha asegurado que “lo ideal es que el Gobierno de España sea valiente y declare nulas las inscripciones realizadas sin documentación alguna”, toda vez que “las instituciones deben velar por el patrimonio público que la Iglesia ha expropiado”.
“Las corporaciones locales están obligadas por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales para presentar una demanda civil para promover la nulidad de las inscripciones que se realizaron sin aportar ningún tipo de documentación y promover su recuperación”, ha asegurado Déniz.
Como ejemplo, Marrero ha puesto al Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, “que tiene un proceso judicial abierto para recuperar la plaza y el parque infantil situado junto a la ermita de San Sebastián, en San Andrés; y la plaza de la Iglesia de San Juan en Los Galguitos”. Por su parte, Déniz ha recordado que asociaciones vecinales están promoviendo la recuperación de la plaza de la Iglesia de Puerto Cabras en Fuerteventura.
Por último, desde Sí Podemos Canarias se ha pedido “a los gobiernos del Estado y de Canarias a que faciliten la modificación normativa” necesaria para proceder a la recuperación de los bienes de dominio público” y “cooperen con ayuntamientos y la ciudadanía para recuperar los indebidamente apropiados”.
