El portavoz parlamentario de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, cree que los ayuntamientos canarios “están obstaculizando la posibilidad de que se elabore un censo del patrimonio afectado por las inmatriculaciones de la Iglesia” en las Islas, ya que “la gran mayoría de los consistorios” no han aportado los listados de bienes exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de cada municipio.
“Esta información, en aras de la calidad democrática y la transparencia, debería figurar de forma pública en las webs de los distintos ayuntamientos para conocimiento de la ciudadanía, que sí paga sus impuestos”, afirma Marrero en la nota enviada a Crónicas.
En este sentido, recuerda que en 2016, el diputado Francisco Déniz defendió y logró aprobar una iniciativa en la Cámara cuyo fin era que “el Gobierno canario llevara a cabo un inventario del patrimonio afectado por las inmatriculaciones y apoyara a Ayuntamientos y particulares en la recuperación de los mismos”.
“Tras constatar el grupo parlamentario, a mediados del pasado año, que aún no existía dicho inventario, solicité por escrito a los 88 ayuntamientos documentación sobre los bienes exentos de IBI, con resultados desalentadores”, afirma Marrero.
El portavoz parlamentario asegura que “un número nada despreciable de ayuntamientos nos han remitido a los consorcios de tributos, que obviamente han contestado que ellos se limitan a recaudar y no tienen esos datos, que deben ser aportados por los municipios”, lo que a su juicio supone que “los consistorios municipales están retrasando deliberadamente remitir al Parlamento la información requerida”.
Petición de amparo
“Vamos a pedir amparo a la Mesa de la Cámara por esta obstaculización y falta de transparencia, al no remitir en plazo la documentación, pues supone una intolerable dejación de responsabilidades de los regidores municipales, máxime tras hacerse público el informe elaborado por el Gobierno del Estado sobre las inmatriculaciones de bienes realizadas por la Iglesia entre 1998 y 2015 gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria franquista aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar”, insiste Marrero.
Para Marrero, gracias al informe del Ejecutivo estatal “sabemos que hay 538 inmatriculaciones detectadas”, pero “solo unos pocos ayuntamientos han sido transparentes a la hora de poder conocer si aún existen más inmuebles apropiados indebidamente por los obispados que los que ha indicado el Gobierno de España”.
El grupo parlamentario recuerda que desde la reforma de la ‘Ley Aznar’ en 2015, ya hay jurisprudencia que faculta a los ayuntamientos a promover la nulidad de la inscripción en las diócesis y recuperar para los municipios los bienes públicos inmatriculados.
“Con esta falta de transparencia de los ayuntamientos, nos tememos que tampoco van a querer recuperar los bienes indebidamente inmatriculados aunque los gobiernos central y autonómico pongan a su disposición apoyo para ello”, concluye.
