El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este lunes en 'Herrera en COPE' la “libertad de las familias a elegir colegios para sus hijos, la de aquellas familias con niños con discapacidad, la libertad de la escuela Concertada para seguir existiendo o la de que todos los españoles puedan ser educados en español”. Casado, que este domingo participaba en la protesta en la capital organizada por la asociación Más Plurales contra la reforma educativa del Gobierno ha garantizado que la ley Celaá será derogada si su partido gana las próximas elecciones. “Nuestro compromiso es que dure lo que dure este gobierno, hasta entonces la recurriremos al Constitucional y en Europa", informa cope.es.
No obstante Casado, ha confirmado que las cinco comunidades autónomas en las que gobierna el PP legislarán vía decreto para evitar que la reforma educativa de Isabel Celáa, "socave la libertad de las familias" y para "poner a salvo la libertad educativa".
Recuerda que con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero las autonomías del PP impulsaron ya entonces distintas leyes en sus territorios. Así, ha señalado que en la Comunidad de Madrid se aprobó una Ley de Autoridad del Profesorado, en Castilla y León se impulsó una ley de refuerzo de la educación rural y en Galicia "se blindó el trilingüísmo respetando la lengua cooficial" con el castellano y el inglés.
Asegura que cuando los populares defienden el Estado Autonómico "es también para estas situaciones, cuando hay un Gobierno en La Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que las CCAA pueda gobernar otro partido", ha recalcado.
El líder popular ha dejado claro que su compromiso es "no esperar a que se apruebe la ley Celaá en febrero para empezar a hacer decretos y leyes que blinden esa calidad educativa, no solo en la concertada sino también en la pública", ya que en su opinión, pasar de curso con suspensos "acaba con la cultura del esfuerzo" y "es negativo para todo el ámbito educativo" en general.
Casado, que este fin de semana ha estado en Canarias, en el puerto de Arguineguin ha reconocido que “Canarias no puede ser un tapón migratorio por la incompetencia del Gobierno” y ha explicado las razones por las que ha pedido dimisión de Grande-Marlaska. “Le pedimos una posición realista y no buenista. La situación es insostenible. Planteamos una repatriacion inmediata de estos inmigrantes a sus países de origen. Hay que tener una posición sin hacer declaraciones como las de Iglesias".
Asegura que la inmigración tiene dos posiciones, "firmeza, más medios para policía y cooperación con los países de origen”. Las soluciones a la inmigración, insiste, “están vinculadas al mercado de trabajo, debe de ser legal y ordenada, y mientras tanto no puede haber un efecto llamada como ha hecho Sánchez”.
