La portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha instado este miércoles al ministro de Función Pública, Míquel Iceta, a “indultar” a los cientos de miles de trabajadores públicos en fraude de ley por abuso de temporalidad. La diputada nacionalista reivindica en la nota enviada a Crónicas la necesidad de “devolver la dignidad laboral a quienes están sometidos a un permanente fraude en sus contrataciones, garantizando así que las administraciones tienen suficientes recursos humanos y que sus puestos de trabajo no dependen del capricho del político de turno”.
Oramas, que intervino en el Pleno de la Cámara Baja, recordó el papel de los trabajadores públicos en abuso de temporalidad y denunció que “se haya perpetuado un atentado contra los trabajadores públicos” ya que, “todas las reformas, las regulaciones y las inspecciones sobre el fraude impulsadas por la Administración estatal se han dirigido hacia el mercado laboral privado”.
La portavoz de los nacionalistas canarios apeló a la “responsabilidad” del Gobierno estatal e insistió en “la necesidad de dar un indulto no a los trabajadores porque el indulto no es para estos profesionales; es para un delito que han cometido las administraciones públicas”, aclaró. En este contexto, reconoció a trabajadores públicos que “llevan 10, 15 y hasta 20 años en un puesto de nuestras administraciones, encadenando contratos, acercándose en muchos casos al final de su vida laboral y sin saber si el año que viene van a estar en ese mismo puesto de trabajo o les van a echar a la calle”.
Oramas demandó “transparencia” para un asunto que afecta a un millón de trabajadores públicos en España, 71.000 solo en Canarias.
Asimismo, la diputada nacionalista instó al ministro Iceta a tener en cuenta el informe de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, o las sentencias del TJUE de 19 de marzo de 2020 y de 3 de junio de 2021 que reconocen que los contratos temporales no se pueden utilizar para cubrir necesidades permanentes de las administraciones, que fueron rechazados también por el titular de Función Pública.
La portavoz de CC reclamó “sentido común” y rechazó que la solución sea las Ofertas de Empleo Público defendidas por el PSOE. Al respecto, señaló a las OPE “como una manera de lavarse las manos de este Gobierno. Ustedes quieren acabar con la situación de ilegalidad anterior pero sobre el cadáver de los derechos de miles de empleados públicos a los que después de años y años de trabajo van a poner en la calle”.
En este contexto, la diputada apuntó que de seguir adelante con las OPE como solución al problema de trabajadores en abuso de temporalidad por lo que “va a hacer el mayor ERE de la historia de España”. Asimismo, añadió que “cientos de miles de personas con experiencia laboral, con una vida de trabajo público a las espaldas, van a ser puestas en la calle para dar entrada a otras personas que ocuparán esos mismos puestos de trabajo”, situación que calificó de “injusta para los profesionales que han prestado tantos y tantos años de servicio público”.
La portavoz nacionalista insistió en buscar una vía que “dé estabilidad a estos trabajadores. No estamos pidiendo que se les haga funcionarios sino que se les dé estabilidad en sus puestos de trabajo hasta su jubilación, a través de una Ley de Punto Final”.
Ana Oramas reclamó “sentido común” a un Gobierno que insiste en ver cifras en lugar de las historias de estos profesionales que han dedicado su vida a la administración, entre ellos, puso el ejemplo de una trabajadora pública en las Islas que empezó a trabajar como vigilante de comedor de un colegio, luego pasó a cocinera. “Veinte años dando de comer a generaciones de niños y ahora el Estado le exige que se estudie la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para presentarse a unas oposiciones”.
La diputada aseguró no entender el rechazo del Gobierno socialista a dar estabilidad a los trabajadores públicos en fraude de Ley por abuso de temporalidad y recordó que la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado en su artículo 87 reconoce “la integración de quienes en ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición ‘a extinguir’ debiendo valorar previamente las características de los puestos afectados”. Así como, puso como ejemplo el caso de los 1.300 trabajadores del Hospital de Alzira que fueron absorbidos por la Comunidad Valenciana con la consideración de ‘plazas a extinguir’ en 2018.
Ana Oramas insistió en la “ausencia total por buscar una solución digna y justa a los miles de trabajadores públicos e interinos, a las enfermeras, celadores, técnicos, auxiliares del SEPE, en hospitales, en dependencias, esos que son, además, los que dieron el callo en la pandemia”.
