El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo ha votado en el pleno de este miércoles en contra de la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes de la fiscalidad energética por vulnerar el Régimen Económico y Fiscal (REF) del sector audiovisual de las islas. Quevedo defiende en la nota enviada a Crónicas que “los canarios no vamos a cambiar recursos económicos por derechos”. El portavoz de los nacionalistas progresistas en la Cámara Baja recordó el acuerdo alcanzado esta semana con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para corregir este conflicto, con carácter inmediato, a través del reconocimiento del diferencial fiscal de la industria audiovisual del Archipiélago un 80% superior al vigente para el resto del Estado.
El diputado de NC, tal y como avanzó ayer martes, ha rechazado la convalidación del real decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio. Pedro Quevedo aclaró a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, responsable de presentar al plenario la citada norma; que “los canarios no vamos a cambiar recursos económicos por derechos”.
El derecho que tiene Canarias, subrayó Quevedo, es a que “se le reconozca” el régimen económico y fiscal de una forma “integral”. En el citado real decreto ley, hay una modificación “unilateral que no podemos aceptar”, mantiene el portavoz nacionalista.
A la responsable del Ministerio para la Transición Ecológica le rebatió su intervención recordándole además el acuerdo alcanzado, el pasado lunes, con la ministra María Jesús Montero para “corregir” el incumplimiento del REF con “carácter inmediato”, a través de la norma correspondiente.
Un precepto legal, continuó, que tiene que “reconocer” que el diferencial fiscal de la industria audiovisual canaria tiene que ser un 80% superior al vigente para el resto del Estado, es decir, que si desde mayo de 2020 se elevó para la Península y las Islas Baleares el límite de deducción a 10 millones de euros, para las islas tienen que ser de 18 millones de euros.
El diputado de Nueva Canarias valoró además que el Parlamento de Canarias rechazara este quebranto del REF por unanimidad.
