La portavoz sanitaria de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Esther González, sostuvo este miércoles que el expediente administrativo del Gobierno en el caso Mascarillas, por la información dada por el Ejecutivo en la Cámara, “en principio” fue correcto. La parlamentaria de NC afirmó que el “estafador tiene que pagar con todo el peso de la ley” al mismo tiempo que denunció los intentos políticos de “embarrar con juicios paralelos, fuera de toda lógica”.
Tras escuchar al consejero de Sanidad y al director del Servicio Canario de Salud (SCS), Blas Trujillo y Conrado Domínguez, respectivamente, quienes comparecieron hoy a petición propia en comisión; Esther González dijo que el expediente de compra de un millón de mascarillas, valoradas en cuatro millones de euros y que la empresa RR7 nunca entregó, “en principio, administrativamente fue correcta”.
La conclusión extraída en torno a este asunto, por la portavoz en la materia de NC, es la existencia de un “especial interés en crear un revuelo, un juicio paralelo, desde nuestro punto de vista, fuera de toda lógica”. Para Esther González, no se puede olvidar que data de mayo de 2020, en el contexto de la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años, una pandemia mundial “sin parangón” en este siglo.
González censuró a “quienes no han tenido el mínimo reparo, ni pudor, en fomentar, en impulsar ese juicio paralelo sembrando la duda sobre la honorabilidad” de determinadas personas y obviando deliberadamente la dificultad de gestionar una situación “dramática e inédita”. Todos, miembros o altos cargos del Gobierno, “a los que no se les ha permitido siquiera, gozar de la presunción de inocencia”, observó la parlamentaria nacionalista.
En relación con las críticas vertidas sobre el sistema de contratación, reprochó que no se mencionara la existencia de un real decreto ley en vigor para todo el Estado por la situación de emergencia sanitaria, que permitía contratar fuera del procedimiento habitual. “No era lo mismo” contratar material sanitario de protección, en un estado de alarma y que además “no había en el mercado”, que “por ejemplo contratar, en un momento de normalidad, un servicio de grúas”, tal y como observó.
Esther González cuestionó las críticas sobre el alto precio de adquisición de este material de alta protección destinado a los hospitales cuando la demanda estaba “desbarrada” y la oferta “muy, muy limitada”. “O lo pagabas a ese precio, o te quedabas sin la mercancía”, subrayó.
El pago por adelantado realizado, según la portavoz sectorial de NC, fue “perfectamente legal y regulado” en artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020. El mismo determina, explicó, que el libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos, por la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al Covid-19, podrá realizarse a justificar.
Una normativa, añadió, que contempla la posibilidad de realizar abonos sin que le sea de aplicación lo dispuesto, respecto a la exigencia de garantías al vendedor, en la ley de contratos del Estado. Una salvedad que el mismo real decreto ley extiende a la comprobación de la solvencia técnica o económica al mismo tiempo que se autorizaba que el objeto social del contratista fuera distinto del objeto del contrato.
Esther González solicitó al director del SCS que informara si el Ejecutivo le había pedido que dimitiera. Si tiene relación personal con la propiedad o los administradores de RR7 y las causas de las dimisiones de la directora del servicio de Recursos Económicos, Ana Pérez, 20 días después de que la fiscalía iniciara la investigación; y de su antecesor, Alberto Pazos
También se interesó por los motivos que le llevaron a Conrado Domínguez a “no poner el caso en manos” del juez, toda vez que se constató la dificultad de la Agencia Tributaria de Canarias para proceder al embargo de los bienes del presunto estafador.
Esther González concluyó que el caso Mascarillas es una “estafa y un estafador tiene que pagar con todo el peso de la ley”. El resto, en su opinión, “debe quedar en manos de la justicia”.
