El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo ha confirmado que promoverá una iniciativa legislativa para que la acogida de los migrantes menores no acompañados que llegan a las islas sean distribuidos en el resto de los territorios del Estado en base a unos criterios objetivos. El portavoz de los canaristas progresistas en el Parlamento, Luis Campos, trasladó hoy esta iniciativa de “solidaridad obligatoria” en el pleno al presidente, Ángel Víctor, y al resto de los grupos.
Desde la crisis migratoria de Arguineguín del año pasado y hasta la actualidad, Nueva Canarias entiende que se han producido avances “notables” en la derivación y “mejoras pero con deficiencias” en los sistemas de acogida, principalmente, cuando se reciben a centenares de personas en muy pocas horas, como recientemente ha ocurrido en Lanzarote.
Una preocupación que, como Campos y Quevedo plantearon, exige que la Administración del Estado responda con planes de contingencia, apoyados en la experiencia del Ejército, que garanticen una acogida digna, el respeto de los derechos humanos y la supresión definitiva de almacenes improvisados, con literas en el suelo y desprovistos de baños y servicios suficientes.
Pero hay un problema “gordo”, continuó Pedro Quevedo, que ha quedado sin resolver y en el que, a Canarias, se le ha dejado sola. Se trata de la acogida de los menores no acompañados que, en estos momentos, se cifra en unas 3.000 personas. De nada han servido las constantes apelaciones a la solidaridad del resto de las comunidades del Estado ya que la respuesta ha sido el “desprecio”, censuró Campos.
Llegados a este momento y siendo conscientes de que “tenemos que convivir siempre” con los flujos migratorios, Nueva Canarias ha tomado la iniciativa y ha anunciado, a través de Pedro Quevedo, la presentación, en el Congreso de los Diputados, de una proposición de ley destinada a actualizar el Código Civil en materia de extranjería.
El objetivo, tal y como explicó el congresista de NC, es que cada territorio del Estado acoja a un cupo de estos menores en base a unos criterios objetivos como la población residente y la renta per cápita, entre otros. Es la “solidaridad obligatoria”, añadió Luis Campos.
Se trata de fijar por ley un procedimiento de distribución en todo el Estado, cuya discusión debe darse al “máximo nivel, con rigor, respeto a los derechos humanos y asumiendo que, a las migraciones, no se les puede poner puertas, muros ni hacer una cárcel de un territorio” como se intentó con Canarias, en opinión de Quevedo.
El portavoz en la Cámara canaria saludó la iniciativa, promovida desde la Vicepresidencia canaria de Román Rodríguez, para comenzar a articular una política propia en materia migratoria, en general. Refirió las jornadas organizadas para el próximo mes noviembre para abordar esta realidad en toda su complejidad y dimensión.
