La portavoz parlamentaria de Nueva Canarias (NC) en materia de vivienda, Carmen Hernández, secundó este miércoles la apuesta del Gobierno por la compra de promociones inacabadas para responder con rapidez a la emergencia habitacional en las islas. La portavoz del grupo nacionalista progresista instó al cuatripartito a redoblar los esfuerzos en este programa, cuya primera fase supone una inversión de 31 millones de euros que permitirán disponer de 323 viviendas. Hernández celebró que el nuevo plan canario de 2020 a 2025 termine con el modelo de la vivienda de protección oficial en propiedad para centrarse en el impulso del régimen de alquiler social al mismo tiempo que ratificó su apoyo a la modificación del método de adjudicación para optar por la baremación en lugar del sorteo.
Esta posición fue defendida por la portavoz de NC en comisión durante el desarrollo de la pregunta al consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, sobre las acciones del Instituto Canario de la Vivienda para promover la culminación de edificaciones inacabadas y para favorecer el alquiler.
Carmen Hernández reconoce en la nota enviada a Crónicas la importancia de asignar, en una primera fase, 31 millones de euros a la sociedad anónima pública Visocan para adquirir 323 viviendas de promociones inacabadas que, una vez concluidas, se espera que comiencen a ser entregadas a finales de este año.
Aunque son “insuficientes”, la portavoz de NC apostó por “redoblar los esfuerzos” para adquirir nuevas construcciones inconclusas, además de otras 1.700 unidades que el Gobierno canario prevé comprar, porque la situación social es “muy grave” y las respuestas a la emergencia habitacional son “mucho más complejas” de arbitrar.
El Plan Canario de Vivienda, añadió, plantea “claramente esta misión” ya que apuesta por buscar fórmulas de urgencia que permitan ofrecer, con rapidez, una alternativa habitacional a las personas que “peor lo pasan”. Recordó que, a pesar de los decretos leyes estatales, las entidades financieras ejecutan los desahucios, en su mayoría, por impago de alquileres. “Nuestra sociedad no puede permitir que las familias más vulnerables se queden en la calle” y, menos, en una crisis de salud pública como la provocada por el coronavirus, defendió la portavoz del grupo nacionalista progresista.
Hernández ratificó el apoyo de los nacionalistas progresistas a la modificación del sistema de adjudicación que prepara este departamento gubernamental. La asignación de las viviendas en función de la puntuación obtenida en aplicación de unos criterios de baremación es “más justa” que el método del sorteo, según manifestó.
También expuso el planteamiento defendido por Nueva Canarias, y contemplado en el plan, para promover el modelo europeo que apuesta por el alquiler social, incluso con cuota cero para las familias más vulnerables, en lugar de las adjudicaciones de viviendas de protección oficial en propiedad.
La portavoz nacionalista celebró que el citado plan ponga fin al modelo de la adjudicación de un inmueble de protección oficial en propiedad, entre otras razones, porque este sistema genera situaciones “perversas”. Se refirió a adjudicatarios que han incrementado su patrimonio con la venta de la vivienda o que, tras haber dejado vacía la misma, otras personas con necesidades las ocupan de forma ilegal.
La ventaja del alquiler social, tal y como recalcó, es que puede mantenerse de “por vida” si es preciso además de volver a engrosar el parque público para ser utilizado por otra familia o persona en lista de espera.
