La vicepresidenta primera y parlamentaria de Nueva Canarias (NC), Carmen Hernández, ha dicho este miércoles que la próxima transferencia al Archipiélago de los 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza y la exclusión social de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 confirman el compromiso social de los nacionalistas progresistas para responder y favorecer la integración de las personas más vulnerables de la comunidad. La portavoz parlamentaria en materia social señaló que una enmienda del diputado de NC en el Congreso Pedro Quevedo permitió recuperar estos fondos. Hernández dijo que así se logró que el Ejecutivo estatal cumpliera con el acuerdo de legislatura suscrito con el PSOE para la investidura del presidente Pedro Sánchez y de un precepto del Régimen Económico y Fiscal (REF), impulsado por Nueva Canarias en 2018.
Carmen Hernández hace hincapié en la nota enviada a Crónicas en la importancia de que el Consejo de Ministros de ayer martes aprobara el traspaso de los 30 millones para combatir la exclusión social porque refleja el compromiso de NC para “responder a una dura e inaceptable” realidad económica y social en el Archipiélago. Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida correspondientes a 2020 publicados el pasado 15 de julio, el 29,9% de la población canaria está en riesgo de pobreza, subrayó.
La parlamentaria nacionalista manifiesta que, para su formación política, es primordial trabajar para “avanzar” hacia una sociedad “más equitativa y justa”. Por este motivo, subrayó que el diputado de NC en el Congreso Pedro Quevedo logró “recuperar”, a través de una enmienda a la ley de los PGE para 2021, esta partida de 30 millones de euros.
Unos fondos que, tal y como recuerda, Nueva Canarias logró incluir, por primera vez, en los acuerdos presupuestarios estatales de 2018 con el PP, que se prorrogaron durante dos ejercicios económicos más (2019 y 2020) y que, en 2021 con el PSOE en el Gobierno estatal, se volvieron a incluir en cumplimiento del acuerdo de Legislatura suscrito para la investidura de Pedro Sánchez en enero del pasado año. “Antepusimos las necesidades de la gente” a las siglas políticas para “volver a hacer útil a los intereses de Canarias”, el voto de NC en la Cámara Baja, valora la dirigente canarista.
Dignificar la vida de todas las personas que viven en las islas, según Carmen Hernández, es una “prioridad” en la acción política e institucional de Nueva Canarias. Un planteamiento que se tradujo en la inclusión de un artículo en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de 2018 en vigor por el que el Ejecutivo estatal debe consignar anualmente en los presupuestos una dotación suficiente para impulsar medidas para paliar la exclusión social en Canarias mientras los indicadores oficiales la sitúen por encima de la media nacional.
Carmen Hernández ha propuesto a la Consejería de Derechos Sociales que estos 30 millones sirvan también para apoyar a los ayuntamientos ante la “realidad” que se vive en los municipios, donde se ha producido un incremento de las personas que demandan atención y recursos como consecuencia del coronavirus.
“Necesitamos fortalecer todos los instrumentos y herramientas” disponibles por el Ejecutivo canario y las corporaciones locales, “como lo hemos hecho” desde que en marzo del pasado año se evidenció la mayor crisis de salud pública vivida en los últimos 100 años a nivel mundial, para “seguir apoyando la integración de las personas con más necesidades” asegura y señala que el Parlamento afrontará próximamente la tramitación del proyecto de ley del Gobierno de progreso con el que se creará la renta de ciudadanía, “fundamental para desarrollar un proyecto de vida digno”.
Concebido como un derecho subjetivo, es decir, que se podrá acceder a esta renta mientras dure la situación del beneficiario, para la portavoz parlamentaria de NC es importante que también facilite las vías para la inserción social y en el mundo laboral.
