La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento y vicepresidenta primera de la Mesa de la Cámara, Esther González, propondrá la creación de la iniciativa del recurso de inconstitucionalidad para viabilizar la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) tras la vulneración del Régimen Económico y Fiscal (REF) por parte del Gobierno estatal y de las Cortes Generales. González cree que es necesario cubrir el vacío reglamentario existente dada la relevancia del conflicto planteado tras la aprobación de un real decreto ley y otro proyecto de ley por parte del Consejo de Ministros y las dos cámaras legislativas del Estado, respectivamente.
La dirigente de los nacionalistas progresistas cree que una proposición no de ley, la figura empleada en el Parlamento de Canarias en las ocasiones anteriores que decidió interponer un recurso de inconstitucionalidad contra una normativa con fuerza de ley, es “absurda” ya que es la “propia Cámara la que se insta a sí misma” a acudir al Constitucional.
Para cubrir este “vacío” en el Reglamento y dada la “trascendente discrepancia” planteada con respecto a una norma como la del REF, reconocida y amparada por la Constitución, el Estatuto y el ordenamiento jurídico de la Unión Europea (UE); Esther González anunció que prevé proponer mañana jueves, a la Mesa, la creación de una nueva iniciativa, denominada Recurso de Inconstitucionalidad (RI).
Se trataría, tal y como explicó, de una figura establecida de acuerdo a la letra f del artrículo 43 del Estatuto que reconoce al Legislativo la función de interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y en los términos previstos en la Constitución y en su ley orgánica.
La portavoz nacionalista explica en la nota enviada a Crónicas que la RI ya existe en las cámaras de algunas comunidades como Andalucía. En base a estos antecedentes, González dijo que el procedimiento a seguir es el ordinario de cualquier otra iniciativa. Es decir que se registra, primero. Después se califica por la Mesa y, a continuación, se somete al debate y votación del pleno. En base al resultado de la votación, el Parlamento decide interponer el recurso de inconstitucionalidad o rechaza la iniciativa planteada por el grupo o los grupos proponentes.
El órgano de gobierno de la Cámara, añadió la vicepresidenta primera, tiene la capacidad de cubrir este vacío reglamentario que, con posterioridad, se incluirá en sus normas de organización y funcionamiento. Recordó que, en cada Legislatura en el tramo final de la misma, se aborda una reforma del Reglamento para actualizar el buen gobierno de la Cámara y adecuarse, en su caso, a las reformas estatutarias y de la Carta Magna.
Esther González aseguró además que mañana se decidirán las preguntas concretas sobre las que solicitarán el informe del Consejo Consultivo. Un documento que ayudará a tomar la decisión de los recursos a plantear, para lo que la Cámara dispone de tres meses a partir de la publicación de las normas discutidas.
El real decreto ley de medidas urgentes sobre la fiscalidad energética que incumple el diferencial fiscal del sector audiovisual de las islas un 80% superior al vigente en el resto del Estado fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio “sin el preceptivo informe previo” del Parlamento, como exige la disposición adicional tercera de la Constitución y el artículo 167 del Estatuto. Se publicó, en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 25 de junio.
El proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal fue aprobado definitivamente por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de junio a pesar del informe desfavorable unánime de la Cámara canaria, remitido al Senado que lo solicitó y al Congreso de los Diputados el mismo día de su aprobación, el pasado 28 de junio, dos días antes de ser sancionada finalmente en la Cámara Baja.
