La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Esther González, ha dicho este jueves que los canaristas progresistas “harán lo que haga falta” para que el nuevo sistema de financiación autonómica respete el Estatuto de 2018 y deje al margen el Régimen Económico y Fiscal (REF). González afirmó que la propuesta remitida a los territorios de régimen común por el Ministerio de Hacienda para reformar el modelo prorrogado desde hace siete años ratifica la necesidad de que Canarias salga del sistema común para tener un régimen especial por su condición ultraperiférica.
Sin tiempo para reposar el acuerdo final, alcanzado el pasado mes de septiembre por NC en el Congreso de los Diputados, para que se restituyera el diferencial fiscal del sector audiovisual de Canarias recogido en el REF y de saber que el Tribunal Constitucional admitió a trámite, el pasado mes de noviembre, el recurso de inconstitucionalidad del Legislativo canario por los procedimientos de las Cortes Generales y el Ejecutivo estatal en relación al mismo conflicto; Esther González mostró su preocupación por la propuesta de Hacienda para comenzar a negociar la reforma del sistema de financiación autonómica.
Se refería, en concreto, a las referencias a la insularidad y a las singularidades económicas y fiscales. En opinión de la parlamentaria de NC, el REF “no debe figurar” en el nuevo modelo. “Tan siquiera es materia de negociación” porque, en el artículo 166. 3 del Estatuto de 2018, “se blindó la desvinculación de los recursos del fuero canario” del sistema de financiación.
Nueva Canarias, según Esther González, “hará lo que haga falta para que se respete” el Estatuto y el autogobierno del Archipiélago. En la carta magna canaria, amparada por la Constitución, está el modelo de sociedad de Canarias, que “debe ser respetado” por la Administración del Estado y las 15 comunidades y dos ciudades autónomas que integran el régimen común, propugnó la parlamentaria canarista.
“No podemos cometer los errores del pasado porque perdimos muchos recursos propios y nos ha costado mucho tiempo y esfuerzo recuperarnos” de las afecciones causadas por el sistema de 2009.
Este nuevo obstáculo relacionado con los derechos del Archipiélago llevó a Esther González a mantener su planteamiento de la necesidad de que Canarias salga del régimen común para dotarse de un sistema especial por su condición ultraperiférica. Una situación que “nos reconoce la Unión Europea” para hacer frente a “nuestras singularidades y desventajas pero que se intenta ignorar” en el Estado español, criticó. Recordó que el REF promueve el desarrollo económico y social de Canarias, de acuerdo con el principio constitucional de solidaridad.
Con respecto a las materias que “sí son objeto de negociación” sobre la propuesta ministerial de modificar el cálculo de la población ajustada, mostró su inquietud en base a la primera valoración realizada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Dijo que, según esta fundación, Canarias ve reducidas, casi en tres puntos, las necesidades de gasto reconocidas en el modelo vigente. “No parece que se hayan tenido en cuenta” la renta per cápita ni los niveles de desempleo y pobreza, cuestionó González.
En la defensa de los intereses generales de las islas, tampoco olvidó el tercer elemento que la comunidad exigirá en esta negociación, la suspensión definitiva de la devolución del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE), logrado en 2016 con carácter provisional hasta que se dispusiera de un sistema actualizado.
