El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes, a propuesta del consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023, el cuarto del mandato, con idéntico compromiso social que los anteriores y con una rebaja fiscal selectiva en el IRPF para aliviar el impacto de la inflación entre la ciudadanía de rentas bajas y medias. El gasto no financiero (capítulos del I al VII) alcanza los 10.180.784.382 euros, el 11,9% más que este año (2022).
Las cuentas conservan las señas de identidad del Pacto de Progreso e incrementan las partidas orientadas al blindaje de los servicios públicos esenciales, en defensa de la mayoría social del Archipiélago, y a la promoción de la economía y el empleo mediante el refuerzo de las consignaciones para los sectores productivos y la inversión pública.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, subrayó en la presentación del proyecto de ley ante los medios que estos Presupuestos son “los mejores de los presentados hasta ahora en las Islas” porque, entre otras cuestiones relevantes, van a aportar “certidumbres frente a las incertidumbres internacionales” y además vuelven a dar prioridad a los derechos sociales, la sanidad y la educación públicos, “que son las partidas que más crecen”.
Según remarcó Torres, “se preserva el estado del bienestar, la inversión pública, y hay un compromiso claro con una transición ecológica justa; los sectores primario, turístico y económico, y las reivindicaciones de los trabajadores públicos, que tienen contemplados la subida salarial decidida por el Gobierno central, excepto los consejeros y consejeras del Gobierno de Canarias, que nos congelamos el sueldo”.
Torres destacó que las nuevas cuentas alcancen la desconocida cifra de 10.180 millones de euros, “con propuestas equilibradas y territorializadas para las ocho islas. Esto supone un aumento global del 11,9% y hay 7.500 millones de gasto social, siendo de nuevo la partida con más porcentaje” del global.
El jefe del Ejecutivo autonómico subrayó el hecho de que el Gobierno actual haya aprobado cuatro presupuestos pese a las enormes dificultades en estos últimos años. Según indicó, esto obedece “a la convicción de los cuatro partidos que conforman el Gobierno en afrontar la realidad y los problemas desde respuestas progresistas y con la voluntad de seguir caminando”.
Para el presidente de Canarias, resulta muy importante que el Presupuesto sea más exigente con las aportaciones fiscales de las rentas más altas, mientras que se han introducido tres paquetes con deducciones fiscales que beneficiarán a las rentas medias y bajas, inferiores a los 50.000 euros. Según recalcó, se ahonda en la política fiscal aplicada en este mandato, que se fundamenta en que “paguen más los que más tienen” y en ayudas específicas a los sectores más vulnerables, los más afectados por las distintas crisis.
En la misma convocatoria pública, el vicepresidente del Gobierno autonómico y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, destacó el crecimiento de los Presupuestos en el 26,9% en relación con las cuentas autonómicas del año 2019, lo que certifica la importancia de las políticas públicas en estos cuatro años de dificultades económicas.
“El hecho de que el despliegue de recursos públicos haya ido contracorriente de la situación económica explica claramente el cambio de tercio de las instituciones a la hora de enfrentar las crisis”, dijo el vicepresidente, quien subrayó que Canarias no ha aumentado los impuestos ni generado nueva deuda para ejecutar sus políticas.
Rodríguez destacó el ajuste fiscal que incorporan los Presupuestos, en la medida que aliviarán el impacto de la inflación en las familias de rentas bajas y medias, pero indicó que lo sustancial es el resto del gasto publico en áreas como la sanidad, la educación, los derechos sociales, y la apuesta por las inversiones y el apoyo a los sectores productivos.
Elementos centrales en las cuentas de 2023
En el proyecto de Ley de Presupuestos de Canarias para 2023, el gasto social experimenta un incremento del 9,4% para situarse en los 7.478 millones de euros. Dentro de esta política, destaca especialmente el crecimiento del departamento de Derechos Sociales, tanto en términos relativos como absolutos: las partidas para atender a la ciudadanía más vulnerable del Archipiélago suben 89 millones de euros, un 15,3%, para situarse en los 669 millones. Se da la circunstancia de que Derechos Sociales habrá incrementado en 2023 su presupuesto en 207 millones respecto a 2019, es decir un 45%.
Esta consignación es paradigmática de la acción de gobierno durante los últimos cuatro años, en los que, a pesar de las sucesivas crisis que han golpeado las Islas, el gasto de carácter social no ha dejado de crecer; exactamente lo ha hecho un 31,2% desde el año 2019, por encima del aumento que han experimentado los propios Presupuestos, que se situará a final del mandato en un 29,6%.
Dentro de este apartado, destaca también el incremento del Servicio Canario de la Salud, que gestionará 3.793 millones de euros (331,7 millones más que este año), lo que supone un incremento del 9,5%. Educación, por su parte, crece un 8,8% para situarse en los 2.326 millones de euros.
Deducciones y ampliación de tramos en el IRPF
Precisamente, esa respuesta de progreso para la mayoría social se completa en esta ocasión con un nuevo ajuste fiscal selectivo en el IRPF que beneficiará a las rentas bajas y medias y supondrá un coste fiscal de 100 millones de euros. Dado que el número de contribuyentes ascendió a 954.521 el pasado año 2020 (el último con datos definitivos disponibles por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), el ahorro medio por contribuyente se sitúa en los 105 euros. El ajuste tendrá efecto a 1 de enero de 2022, con lo que se podrá incluir en la próxima campaña de la renta.
Las medidas incluyen una deducción extraordinaria por el alza de precios, el incremento de las deducciones actuales entre un 20 y un 40 por ciento y la ampliación de los tramos autonómicos, con un marcado carácter progresivo, de modo que las rentas inferiores se benefician en mayor medida de las deducciones.
La deducción extraordinaria por incremento de precios será de 225 euros para bases imponibles de hasta 20.000 euros (23.300 euros de salario bruto); 175 euros para bases de entre 20.000 y 25.00 euros (28.700 euros de salario bruto) y 125 euros para bases de entre 25.000 y 30.000 euros (34.000 euros de salario bruto).
Del mismo modo, se mejoran hasta quince deducciones actuales, de las cuales trece se incrementan un 20% y dos lo hacen un 40%; estas últimas son para el pago de cuotas hipotecarias y las obras en vivienda por discapacidad.
La deducción extraordinaria beneficiará al 85% de los contribuyentes; el ajuste de los tramos de la tarifa autonómica, al 95%; y el incremento de las deducciones, al 35%.
Respecto a las políticas de apoyo a los sectores productivos, estas crecen hasta los 395 millones de euros, mientras que las inversiones (capítulos VI y VII) alcanzarán los 1.764 millones de euros, lo que supone un significativo incremento respecto al año 2019 de un 90,8% y un 75%, respectivamente.
En relación con el capítulo de Personal, el incremento responde básicamente a la subida de los salarios de los empleados públicos, acordada por el Gobierno central, y a los costes de la Seguridad Social, de obligado cumplimiento en las comunidades autónomas, así como a la consolidación de las plazas de docentes y parte de las sanitarias generadas durante la pandemia de la covid-19.
Los miembros del Consejo de Gobierno vuelven a tener congelados los salarios.
Prudencia y realismo ante la incertidumbre “macro”
A pesar de que las reglas fiscales seguirán en suspenso en 2023, los Presupuestos se han diseñado desde la responsabilidad, la prudencia y el realismo, de modo que se garantice la sostenibilidad del gasto público en los próximos ejercicios, a lo que contribuirá la buena salud económico-financiera de la Comunidad Autónoma, que registra la deuda pública más baja del Estado y a la que se podría recurrir si fuera necesario.
Las cuentas del próximo año se circunscriben en un escenario económico global de incertidumbre, debido fundamentalmente a la guerra en Ucrania, el incremento de los precios de las materias primas o la ruptura en las cadenas de suministros globales. Todos estos elementos siguen condicionando la economía, lo que, unido a la subida de los combustibles, afecta a los costes de producción de las empresas y al poder adquisitivo de las familias.
El preceptivo informe económico de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización que se incorpora a los Presupuestos llama la atención sobre lo incierto del medio plazo y fija, como siempre, tres escenarios macroeconómicos posibles para el próximo año, de los que el departamento de Hacienda ha elegido el central para la confección de las cuentas, a excepción de la previsión de ingresos, para la que ha preferido un cálculo inferior (1,3%). La previsión de crecimiento del PIB en el escenario central se sitúa en el 3,3%, mientras que la tasa de paro se fija en el 17,6% y la inflación en el 3,7%.
Respecto a los ingresos, las cuentas recogen un incremento del 23,4% de las partidas asociadas al Sistema de Financiación Autonómica -tanto de los anticipos a cuenta como de la liquidación del año 2021-. En relación con los ingresos tributarios (impuestos indirectos), se espera un incremento en el entorno del 15,8% sobre lo presupuestado inicialmente este año, si bien el peso de estos sobre el total de ingresos no llega a crecer ni siquiera un punto respecto a los Presupuestos de 2022 en ninguno de los dos casos.
Con respecto a los fondos europeos, se mantiene la senda de presupuestar aquellos fondos que se prevén ejecutar en relación con los Next Generation EU, añadiendo los que están pendientes del ejercicio anterior, y se incluyen las previsiones de certificación de los fondos ordinarios que finalizan en 2024.
