El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha mostrado este martes su apoyo al anteproyecto de Ley de Vivienda que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y ha señalado la importancia de contar con un mecanismo legislativo que permita ordenar el mercado de la vivienda y facilitar el acceso a hogares a precios asequibles a las familias más vulnerables en la Comunidad Autónoma de Canarias. “Esta Ley es de una gran importancia, ya no solo porque es la primera Ley de Vivienda en más de 40 años de democracia, sino también porque al fin se va a legislar sobre el artículo 47 de la Constitución Española [sobre el derecho a la vivienda], algo que no se había hecho hasta ahora”, señaló Franquis, “el derecho a una vivienda digna implica que pueda ejercerse en condiciones asequibles sin que su disfrute suponga un desembolso económico inasumible”.
“La nueva Ley de Vivienda convierte el acceso a un hogar en un derecho ciudadano y proclama su función social. Es esta una ley que ahora empieza un camino, un camino largo ya que probablemente no se aprobará hasta el año que viene en el Congreso. Esta Ley va mucho más allá del debate que se ha producido en las últimas semanas de limitar o no el alquiler de la vivienda. Este anteproyecto de Ley ni crea inseguridad jurídica ni es confiscatorio”, aseguró Franquis, “es una Ley que va más allá, que regula todos los aspectos relacionados con la vivienda, que define con claridad qué es una vivienda vacía, que crea la figura de las viviendas asequibles incentivadas, y que mejorará la regulación de los desahucios en situación de vulnerabilidad, y que plantea una serie de mecanismos y recursos fundamentales para afrontar el problema de la vivienda hoy en día en nuestro país y, especialmente, en Canarias, que es la quinta comunidad autónoma más tensionada del Estado”.
Para ilustrar la realidad del problema del alquiler de viviendas a precios asequibles que sufren las localidades más pobladas de muchas islas, el consejero regional puso como ejemplo los datos de esta Comunidad Autónoma comparada con los del País Vasco. De esta forma, aseguró Franquis, en Canarias se produjo un incremento de población entre los años 1981 a 2019 de 788.773 personas, en ese tiempo se construyeron 504.719 viviendas privadas y 55.152 viviendas protegidas. Mientras, en el País Vasco el incremento de población fue muy inferior al canario, con 67.916 habitantes entre 1981 y 2019. Sin embargo, en ese periodo se construyeron 329.795 viviendas privadas y 105.394 viviendas protegidas.
“En Canarias no se ha mantenido el ritmo de crecimiento constante en la construcción de viviendas, con crisis o sin ella, como sí ha ocurrido en otras comunidades, sobre todo del parque público. Además, de toda la vivienda construida, pública y privada, en Canarias entre el los años 2005 y 2019 sólo un 29,1% se ha dedicado al alquiler cuando en otras comunidades, como en las Islas Baleares, es del 49,9%”, afirmó el consejero.
Franquis aportó algunos datos más, como que Canarias está entre los lugares en los que se ha producido un mayor aumento en el metro cuadrado en alquiler (9,68 e/m2) en el último año, convirtiéndose en la quinta comunidad autónoma que más sube tras Cataluña, Madrid, País Vasco y Baleares. También, añadió, un municipio canario, San Bartolomé de Tirajana (Gran canaria), se encuentra en cabeza en el ranking de las 10 ciudades con mayores incrementos con una subida del 12,2% en el último año. San Bartolomé también lidera la lista de municipios con mayor incremento mensual (septiembre de 2021) 13,40 euros por delante de Valencia, Lleida o Madrid.
Por último, el consejero quiso dejar claro la validez de las herramientas de control que introduce la nueva Ley incluso en situaciones excepcionales como las que se viven en La Palma en las últimas semanas. “Pongo un ejemplo muy gráfico”, indicó Franquis, “a los pocos días de empezar la crisis volcánica nos llegaron a la Consejería varias denuncias sobre el incremento de los precios del alquiler de la vivienda en La Palma. Si nosotros, gracias a los instrumentos con qué nos va a dotar esta Ley en el futuro, detectásemos un incremento en los precios del alquiler producto de una emergencia como esta por una erupción volcánica, aplicaríamos los mecanismos con que nos dota la Ley para evitar una subida de precios indiscriminada aprovechándose de unas circunstancias tan excepcionales como las que está padeciendo La Palma”.
