La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha solicitado este lunes a la Mesa del Parlamento que cancele la compra de los 85 sillones para los diputados, porque todavía hay tiempo para hacerlo. La diputada ha insistido en que no es una prioridad y ha aclarado que los informes que constan en el expediente del contrato recomiendan la compra, pero no la consideran una necesidad desde el punto de vista ergonómico. Debido a que se trata de algo innecesario y “ante el gran rechazo que ha suscitado entre los ciudadanos a los que representamos”, la diputada ha reiterado su petición de que se paralice la compra, por un coste superior a los cien mil euros –más de 1.200 por sillón- y ha recordado que la ley de contratos del sector público contempla la posibilidad de cancelar una adjudicación, llegando a un acuerdo entre las partes. “El pago de los sillones todavía no se ha realizado, quedan más de dos meses para la fecha tope de entrega y por tanto si la Presidencia y la mayoría de la Mesa lo quisieran, se podría rectificar”, ha señalado.
Espino ha censurado también el que en la Junta de portavoces celebrada hoy, tras aceptar incluir el asunto en el orden del día, no hubiera debate alguno. La diputada ha asegurado que todos los portavoces guardaron “silencio absoluto”, sobre el asunto, incluido el representante de Podemos –Manuel Marrero- que estos días se había manifestado en contra de la compra. “Ni el presidente dio turno de palabra, ni nadie la pidió para pronunciarse sobre el particular”, ha lamentado la diputada, que ha señalado que “si quieren sillones de 1.200 euros que lo digan y lo reconozcan, y no quiero sentarme en un sillón que cueste esto cuando en Canarias hay muchísimas necesidades más importantes y urgentes”.
La portavoz ha recordado que no se puede dejar a un lado la realidad social y económica y se ha referido al informe de Cáritas presentado hoy que certifica que la pandemia ha agravado la pobreza en Canarias, convirtiéndola en una realidad estructural. En el pasado año 2021 Cáritas tuvo que atender a 53.000 personas en situación de pobreza, lo que supone un incremento del 17 por ciento con respecto al año anterior.
Espino se ha comprometido a hacer todo lo posible para que el Parlamento no materialice este gasto de más de 100.000 euros, que es lo que el Gobierno de Canarias da al año a los Bancos de Alimentosde Las Palmas de Gran Canaria o de Santa Cruz de Tenerife.
